Los empleados señalaron que no están en contra de ser evaluados, sino de la manera en que serán calificados
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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, se manifestaron la mañana de este viernes para expresar su inconformidad con el nuevo esquema de evaluaciones que pretende aplicar el Órgano de Administración Judicial.
Lidia María Insunza Castro, trabajadora del Poder Judicial, explicó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece evaluaciones para secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, para la primera quincena de diciembre.
Señaló que no están en contra de ser evaluados, sino de la manera en que serán calificados y las posibles consecuencias. Aunque se plantea que es un examen de diagnóstico, sí tiene repercusiones que pudieran dejarlos sin sus trabajos.
“Es un examen de conocimiento que, si lo apruebas al 100, solo vale 40. El otro 20, la opinión que emitan nuestros compañeros. El otro 22, la opinión que tenga de nosotros nuestros jefes. Entonces, imagínense ahorita cómo nos sentimos de tener jefes que llegaron por elección popular, que están totalmente, de alguna manera, sometidos al Poder Ejecutivo. Yo no sé qué opinión vayan a emitir de nosotros, pero desgraciadamente yo creo que para nadie sería extraño pensar que eso es muy subjetivo”.
José Miguel Islas, secretario general de la sección 39 del sindicato del PJF en Hermosillo, indicó que alrededor de 740 empleados forman parte de la representación sindical y buscarán establecer mesas de trabajo para definir las acciones a seguir en defensa de la base trabajadora.
“Los trabajadores no están en contra de las evaluaciones. Ellos están dispuestos a ser más profesionales, tener buenas capacitaciones, profesionalizarse. Sin embargo, aquí la cuestión está en juego su estabilidad laboral. ¿Con qué? Con las evaluaciones. Porque no sabemos cómo las van a determinar, cómo las van a estar calificando”.
De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial es una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Carta Magna y establecida en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que aplicarla constituye el cumplimiento de un mandato legal constitucional.
Aseguran que la evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial y señalan que es falso que dichos exámenes puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas.
De la misma manera afirmaron que el propósito de la evaluación es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.
Reiteraron su disposición al diálogo para llevar a cabo el mandato constitucional que representa la evaluación del desempeño ante la convocatoria de paro que se ha hecho en varias sedes judiciales en el país.
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