Fernando Camacho, Laura Poy y Fabiola Martínez
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos firmados en años recientes, entre ellos los correspondientes a la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.
En un comunicado emitido esta noche, el organismo electoral señaló que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.
Aseveró que el instituto mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Desde el jueves pasado, este diario informó que, en dicha denuncia de hechos, el INE pide a la FGR indagar los contratos firmados durante el proceso de elección de juzgadores de 2025 y los relacionados con la producción de la credencial para votar.
OIC presenta seis denuncias penales
Por otra parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó este viernes a la Cámara de Diputados que la instancia a su cargo presentó seis denuncias penales ante la FGR contra funcionarios y ex funcionarios del organismo electoral, así como contra empresas, por la probable comisión de diversos delitos, entre ellos uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en dichas denuncias estarían la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Mediante un escrito enviado la tarde de este viernes a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), respectivamente, el funcionario notificó las acciones emprendidas por el OIC.
“Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó Carvente Contreras.
Entre ellos, agregó, “se destacan los siguientes: a) uso ilícito de atribuciones y facultades; b) Uso de documento falso; c) Tráfico de influencias; d) Ejercicio ilícito del servicio público; e) Cohecho, y f) Aquellos que la autoridad competente determine”.
Además, señaló que “se emplazó a ocho personas servidoras y ex servidoras públicas, así como a una persona moral, para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes, en el marco de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves”.
Lo anterior, dijo, “con el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.
En su escrito a los diputados, Carvente afirmó que “en caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”.
Empresas vinculadas obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos
Como informó este diario, el titular del OIC del INE compareció ante la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre. Durante esa sesión, señaló que, de 2014 a 2025, cinco empresas vinculadas entre sí y que simulaban competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE).
Agregó que las compañías involucradas tienen en común a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas, quienes formarían parte de una presunta red empresarial.
El caso derivó hace unos días en la renuncia de Taddei, señalada por presuntos vínculos personales con los empresarios, a quienes habría favorecido con numerosos contratos.
