El INE ha recurrido a Talleres Gráficos de México como principal impresor de documentación electoral, pero una sola red de empresas concentra los contratos en los institutos locales
Ernesto Núñez
Durante décadas, el mercado de la impresión de documentación y producción de materiales para los institutos electorales del país ha sido un negocio de un puñado de empresas. La historia de esa industria corre en paralelo a la del Instituto Federal Electoral, fundado en 1990 y convertido en INE en 2014, y su rentabilidad se explica por la complejidad del proceso electoral mexicano, que cada tres años demanda boletas infalsificables, listados nominales, actas de escrutinio y cómputo, manuales de capacitación, urnas transparentes fabricadas en polipropileno, mamparas con canceles, perforadoras de la credencial para votar, cajas de cartón corrugado para los paquetes electorales, cuadernillos, tinta indeleble y otros insumos. Toneladas de papel y plástico que, cada que hay elecciones, activan contratos millonarios no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de los 32 Organismos Públicos Locales (OPLE).
Las irregularidades en las contrataciones con una red de empresas favorecidas, presuntamente, por la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, ocurrieron en medio de ese complejo proceso, donde son unas cuantas empresas las que cumplen los requisitos para convertirse en proveedores. “Coyotes electorales”, les llamó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este miércoles y, en efecto, no son más de diez empresas las que han acaparado los contratos en las últimas décadas, principalmente con los OPLE. Además, se trata de empresas que guardan relaciones entre sí, a través de socios y apoderados legales, y que mantienen relaciones estrechas con funcionarios y exfuncionarios electorales.
El IFE, entre 1990 y 2013, y el INE a partir de 2014, ha privilegiado los contratos con Talleres Gráficos de México, un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Gobernación, para la impresión de millones de boletas y documentación que se requieren cada tres años en las elecciones federales, y que tienen especificaciones técnicas y controles de seguridad difíciles de cumplir. Para ello, establece convenios y firma contratos millonarios que garanticen la producción en los tiempos requeridos. Por ejemplo, en 2024, Talleres Gráficos produjo para el INE 317 millones de boletas para la elección de Presidenta de la República, Senado y Cámara de Diputados, a través de un contrato por 580 millones de pesos. Pero este organismo no cuenta con las capacidades para producir, además, la documentación de todas las elecciones locales concurrentes, que desde 2021 incluyen a los 32 Estados. En 2024, el INE dirigido por Taddei dio una directriz para que los OPLE privilegiaran a Talleres Gráficos para mandar a hacer su documentación y materiales, pero solo 13 entidades lo hicieron, a través de contratos que sumaron 688 millones de pesos.
El resto de los OPLE recurrió a las seis empresas que acaparan el mercado, algunas de las cuales están señaladas como parte de la red que encabezaba el proveedor favorito de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas: Litho Formas SA de CV, que produjo boletas para 9 estados (Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco, Durango y Coahuila); Formas Inteligentes SA de CV, que obtuvo los contratos de Tlaxcala, Guanajuato y Estado de México (entidad en la que el contrato fue por más de 100 millones de pesos por las dimensiones de su padrón electoral); Formas Finas y Materiales SA de CV, contratada por Aguascalientes y Sonora; Gráficas Corona, en Chiapas; Corporativo ZEG, en Nayarit y Comercializadora JVLY, en Yucatán.
Comercializadora JVLY, empresa relacionada con Cajas Graf y Formas Finas, firmó en 2024 un contrato por 129 millones de pesos con el OPLE de Puebla para la producción de materiales, durante la gestión de la actual consejera del INE, Blanca Yassahara Cruz, quien acaba de ser nombrada presidenta provisional del instituto luego de la renuncia de Taddei. El contrato, que Cruz firmó en su calidad de consejera presidenta del OPLE, fue observado por la Auditoría Superior del Estado, pero la consejera negó que haya irregularidades y justificó su monto en el hecho de que Puebla es el quinto Estado con más electores de todo el país. “Fue una licitación pública nacional, en la que se inscribieron los proveedores y prestadores de servicio. Es un procedimiento perfectamente auditable, así se ha hecho en cada año, todos los contratos fueron auditados”, dijo este miércoles en rueda de prensa. Cruz negó que ella, como presidenta del OPLE, haya recibido indicaciones del INE para firmar con esta empresa, ligada a la red de Hernández Casillas.
Funcionarios del INE aseguran que estas empresas aparecen en las licitaciones de cada proceso electoral desde hace décadas; con razones sociales y marcas comerciales que han cambiado a lo largo de los años. Aparecieron en las elecciones concurrentes desde 2015, e incluso en las elecciones judiciales de 2025, cuando 19 Estados eligieron a sus jueces locales. En procesos grandes, operan distribuyéndose el territorio nacional por regiones, simulando competencia en las licitaciones, o actuando como empresas subcontratadas por Talleres Gráficos de México para poder cumplir con la producción. Una situación que ha sido observada por la Auditoría Superior de la Federación y por las auditorías de las entidades federativas en diversos ejercicios, y que también ha llamado la atención de los testigos sociales que llevan años trabajando con el INE en sus procesos de licitación, como Transparencia Mexicana.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de esta organización, explicó que se trata de un mercado concentrado, con pocos competidores y caracterizado por relaciones estrechas entre sus socios y las autoridades electorales. “Al haber un mercado concentrado o poco competitivo, los precios también son afectados. Ganar con la propuesta más baja en un mercado donde no hay competencia tiende a generar sobreprecios y costos adicionales en mamparas, urnas, mesas, que multiplicados por miles, explican los sobrecostos en una elección”, explicó Bohórquez en entrevista con EL PAÍS.
