LA JORNADA
Un juez condenó a una persona a cuatro años de prisión y le ordenó pagar 19 millones 27 mil 591 pesos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como reparación del daño por tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba.
El juez dictó el fallo condenatorio en contra del acusado y el monto para asegurar una reparación integral por la afectación al pez Totoaba macdonaldi, la vaquita marina y el ecosistema.
Lo anterior, por su responsabilidad penal en un delito contra la biodiversidad, establecido en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con las agravantes de fin comercial y afectación al Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera y Delta del Río Colorado.
La detención: 41 vejigas de totoaba ocultas en un vehículo con placas de California
Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron en el estado de Sonora a Jorge “N”, en posesión de 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultos en un vehículo con placas del estado de California, Estados Unidos, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
La FGR informó que la Profepa participó como coadyuvante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (FEIDA), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como parte ofendida y parte técnica desde la integración de la investigación hasta la emisión de la sentencia. Esto se dio con aportación jurídica y legal, además de dictámenes periciales de identificación de especies y cuantificación del daño ambiental considerado por el juez en la determinación, lo que garantizó la reparación integral del daño.
Luego de que el asunto fuera turnado al Tribunal de Enjuiciamiento, se desarrolló la etapa de juicio oral respectiva, en la cual actuaron de manera coordinada la FGR-FECOC-FEIDA y la Profepa. La primera, por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación, llevó la integración de la carpeta que sostuvo todo el procedimiento hasta la actual determinación; por su parte, la Profepa aportó la asesoría jurídica y la dictaminación técnica que permitió, entre otras cosas, acreditar el daño ambiental en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la finalidad comercial.
