LA JORNADA
Hermosillo, Son. A 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora, los Comités de Cuenca solicitaron al Gobierno federal fortalecer las garantías y la transparencia del nuevo programa de remediación ambiental, para asegurar que los trabajos previstos para finales de 2026 se traduzcan en resultados duraderos para las comunidades afectadas por el ácido sulfúrico que Grupo México vertió los ríos Sonora y Bacanuchi.
Tras la presentación del Programa Integral de Remediación Ambiental, el 14 de octubre en Ures, los representantes comunitarios reconocieron la importancia de avanzar en el saneamiento de la cuenca, aunque expresaron dudas sobre la continuidad presupuestaria, el alcance de las intervenciones y las medidas que se aplicarán si persiste la contaminación.
El proyecto presentado por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), contempla la caracterización de 288 kilómetros de la cuenca, la excavación de aproximadamente 100 mil toneladas de suelo contaminado y el traslado de los residuos que no puedan tratarse a centros de confinamiento autorizados en Coahuila y Nuevo León.
A través de un comunicado, los Comités de Cuenca expresaron que uno de los puntos que más les preocupa es que los recursos deben ejercerse durante este año, sin que exista certeza de que el presupuesto se amplíe si los trabajos no son suficientes. “No existen garantías de que para la fecha propuesta (finales de 2026) se solucione el tema de contaminación, ni tampoco que las comunidades dejen de recibir agua contaminada en sus tomas domiciliarias”, señalaron.
También solicitaron revisar el alcance de las acciones en la presa Abelardo L. Rodríguez, pues de acuerdo con los representantes, en reuniones previas se había planteado extender hasta esa zona la remediación, mientras que el programa presentado únicamente contempla monitoreo. Consideraron importante aclarar este punto por su relevancia para el abastecimiento de agua de Hermosillo.
Los Comités plantearon la necesidad de mejorar la coordinación entre las dependencias federales responsables del medio ambiente, la salud y el agua. En particular, pidieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentar calendarios, presupuestos y documentación técnica sobre las plantas potabilizadoras comprometidas desde hace doce años, así como transparentar los anexos del programa.
Otro tema que solicitaron atender son los antecedentes y las denuncias que, afirmaron, existen contra las empresas Veolia, Semnsa y Tecnología Ambiental Especializada, encargadas de ejecutar los trabajos. Para las comunidades, contar con información clara sobre la actuación de las compañías y la supervisión institucional es parte de las condiciones necesarias para dar seguimiento al proceso.
Los representantes también aclararon que, contrario a lo publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 15 de octubre, no expresaron confianza en el programa durante la reunión, sino inquietudes sobre sus alcances y las garantías para las comunidades. Su intención, señalaron, es que estos planteamientos sean atendidos durante la implementación del proyecto.
A doce años del derrame ocurrido el 06 de agosto de 2014, que afectó los ríos Bacanuchi y Sonora, los Comités consideraron indispensable que el nuevo esfuerzo federal tenga seguimiento, coordinación y resultados comprobables. “El Río Sonora tiene memoria”, expresaron, al insistir en que la remediación debe traducirse en agua segura, recuperación ambiental y mejores condiciones de vida para las familias de la cuenca.
