La coalición ¿Ballenas o Gas? pide revisar los impactos ambientales, las rutas de buques metaneros y la situación judicial de AMIGO GNL en Guaymas, Sonora.
SOCIEDAD NOTICIAS
La revisión ambiental del proyecto AMIGO GNL, previsto en Guaymas, Sonora, debe considerar los efectos acumulativos sobre el Golfo de California y no limitarse a porcentajes de superficie o tráfico marítimo, advirtió la coalición ¿Ballenas o Gas? tras el compromiso de revisar sus impactos expresado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
Las organizaciones integrantes de la coalición solicitaron que el análisis incorpore evidencia científica, información técnica y jurídica completa, así como los efectos directos e indirectos de la terminal de licuefacción y almacenamiento de gas natural licuado (GNL).
El pronunciamiento se produjo después de la conferencia matutina del 21 de octubre, cuando la mandataria afirmó que su gobierno revisaría nuevamente los impactos ambientales del proyecto en el contexto del juicio de amparo y sostuvo que no permitiría una afectación negativa al Golfo de California.
Superficie e impactos ambientales
La coalición cuestionó que la superficie prevista para las instalaciones se utilice como referencia principal para dimensionar las consecuencias ambientales de la obra.
De acuerdo con las cifras citadas por las organizaciones, el proyecto contempla 41.7 hectáreas, de las cuales aproximadamente 32.5 corresponden a superficie marina y 9.29 a vegetación de matorral sarcocaule. El grupo ambientalista advirtió que la pérdida de vegetación y la transformación del entorno deben evaluarse junto con los efectos asociados a la construcción y operación de la terminal.
También señaló que el área de influencia no se limita al terreno donde se instalaría la infraestructura, pues incluye las rutas de navegación y los efectos que podrían extenderse sobre los ecosistemas de la región.
La coalición pidió que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sea analizada de manera integral, incluidos los impactos acumulativos y sinérgicos, así como las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el proceso de licuefacción.
Alertan por tránsito de buques metaneros
Otro punto de controversia es el tránsito previsto de hasta 60 buques metaneros al año. Aunque durante la conferencia presidencial se planteó que el incremento representaría alrededor de 4% del tráfico marítimo existente, las organizaciones sostuvieron que la proporción, por sí sola, no determina el nivel de riesgo ecológico.
El pronunciamiento señaló que deben considerarse las dimensiones de las embarcaciones, sus velocidades, las rutas utilizadas y su coincidencia con las zonas de alimentación, reproducción y migración de cetáceos.
La coalición también retomó advertencias atribuidas a autoridades ambientales sobre posibles afectaciones a la fauna marina y la coincidencia de las rutas con hábitats críticos y corredores migratorios. A su juicio, la evaluación debe precisar los riesgos derivados del ruido submarino y hacer pública la información necesaria para conocer las trayectorias de navegación previstas.
Las organizaciones cuestionaron que algunos aspectos del ruido submarino se hayan planteado para etapas posteriores a la autorización ambiental. Por ello, solicitaron que estos riesgos se valoren con información suficiente antes de cualquier avance material del proyecto.
