El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó que su administración haya celebrado contratos con empresas sancionadas por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, tras recientes investigaciones periodísticas que involucran a gobiernos estatales en la región
EL DEBATE
El gobernador Alfonso Durazo aseguró que el Gobierno de Sonora no mantiene ni ha mantenido contratos con empresas señaladas por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, luego de que investigaciones periodísticas revelaran la existencia de adjudicaciones a compañías sancionadas por autoridades estadounidenses. Durazo enfatizó que su administración cuenta con un padrón de proveedores que excluye automáticamente a firmas con antecedentes irregulares o vínculos con actividades ilícitas.
La declaración surge tras la publicación de reportajes que documentan cómo, entre 2020 y 2025, gobiernos estatales y municipales de Sonora y Baja California otorgaron contratos por más de 108 millones de pesos a empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos nexos con el crimen organizado.
Durazo sugirió que los contratos señalados podrían corresponder a administraciones anteriores, y reiteró que su gobierno ha implementado mecanismos para evitar cualquier relación con proveedores bajo sospecha. “El gobierno no mantiene ni ha mantenido absolutamente alguna relación con las empresas que se citan en el reportaje. Es probable que gobiernos anteriores sí”, afirmó el mandatario estatal.
¿Qué empresas y contratos están bajo la lupa?
Las investigaciones periodísticas identificaron al menos cinco empresas mexicanas sancionadas por la OFAC por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre ellas destacan Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired y Private Equity Baja. Estas compañías recibieron contratos de dependencias estatales y municipales en el noroeste del país.
En el caso específico de Sonora, se documentó que en 2020, durante la administración anterior a la de Durazo, Servicios de Salud de Sonora adjudicó un contrato por 8.7 millones de pesos a Holistic Wellwaves para la compra de pruebas de detección de COVID-19. Posteriormente, esta empresa fue incluida en la lista de sancionados por la autoridad estadounidense.
¿Cómo funciona el control de proveedores en Sonora?
De acuerdo con Durazo, el gobierno estatal mantiene un registro de proveedores que es revisado y actualizado constantemente. “Hay un registro de proveedores de tal manera que cuando surja información, nosotros la tomamos en cuenta y revisamos que en ese padrón no haya ninguna que haya posibilidades de ofrecer un servicio, sale en automático de ese padrón”, explicó el gobernador.
Este mecanismo busca impedir que empresas con antecedentes de irregularidades, investigaciones abiertas o sanciones internacionales puedan participar en licitaciones o recibir adjudicaciones directas por parte de dependencias estatales.
¿Qué implican las sanciones de la OFAC?
A finales de septiembre de 2026, la OFAC sancionó a 46 sujetos (21 personas físicas y 25 morales) por su presunta participación en una red de narcocorrupción y lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Las sanciones implican el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con entidades estadounidenses, además de alertar a gobiernos y empresas mexicanas sobre los riesgos de mantener relaciones comerciales con los señalados.
La inclusión de empresas mexicanas en la lista de la OFAC ha obligado a gobiernos estatales y municipales a revisar sus procesos de contratación y fortalecer los filtros de verificación de antecedentes de proveedores.
¿Qué han hecho otros gobiernos tras las revelaciones?
Tras la difusión de los reportajes, autoridades de otros estados y municipios, como el gobierno de Ensenada, anunciaron medidas para bloquear futuras contrataciones con las empresas sancionadas y reforzar los controles administrativos. Estas acciones buscan evitar que recursos públicos terminen en manos de compañías vinculadas a actividades ilícitas y responder a la presión social y mediática por mayor transparencia.
¿Qué antecedentes existen sobre señalamientos a Durazo?
Durante 2026, el gobernador Alfonso Durazo ha enfrentado diversos cuestionamientos mediáticos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado, los cuales ha negado sistemáticamente. En varias ocasiones, Durazo ha solicitado aclaraciones públicas a medios y autores de libros que lo han mencionado en investigaciones, reiterando que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y la delincuencia.
¿Por qué es relevante este caso para Sonora y México?
El caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan los gobiernos estatales y municipales para blindar sus procesos de contratación y evitar que recursos públicos sean utilizados por empresas con presuntos vínculos criminales. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, obliga a las autoridades mexicanas a fortalecer sus mecanismos de control y transparencia.
Además, la situación refleja la importancia de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales. La respuesta de Durazo y otros mandatarios estatales será clave para restaurar la confianza ciudadana y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
¿Qué sigue para el gobierno de Sonora?
El gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, deberá mantener y fortalecer sus mecanismos de control de proveedores, así como transparentar los procesos de contratación pública. La vigilancia ciudadana y el seguimiento periodístico serán fundamentales para asegurar que no existan relaciones con empresas bajo sospecha y que se sancione cualquier irregularidad detectada.
La administración estatal también podría verse obligada a revisar contratos heredados de gobiernos anteriores y, en su caso, emprender acciones legales o administrativas si se comprueba la participación de empresas sancionadas en procesos de contratación pública.
¿Qué significa para el lector?
Para la ciudadanía, este caso subraya la importancia de exigir transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La vigilancia sobre los procesos de contratación y la presión para que las autoridades respondan ante señalamientos de corrupción o vínculos con el crimen organizado son esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones y combatir la impunidad.
