Para cualquier pequeño o mediano empresario en Hermosillo, abrir un negocio o regularizar un establecimiento debería ser un motivo de orgullo y un impulso para la economía local. Sin embargo, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, la historia es completamente distinta. Lo que debería ser un trámite ágil y eficiente se convierte, con exasperante frecuencia, en un calvario de meses —y a veces años— signado por un “tortugismo” burocrático que rosa en lo infame.
Lo más frustrante de esta situación no es la norma en sí, sino el castigo implícito a quien decide hacer las cosas bien. El emprendedor que busca cumplir con cada requisito, reunir la maraña de sellos, dictámenes de impacto ambiental, licencias de uso de suelo y autorizaciones de construcción, se topa de frente con una ventanilla donde el tiempo parece haberse detenido. Mientras tanto, las rentas corren, los créditos bancarios acumulan intereses y los sueldos del personal contratado a la espera de apertura se convierten en una sangría financiera insostenible.
Las consecuencias de este letargo institucional no son abstractas; se traducen en costos reales para la ciudad:
- Pérdidas económicas directas: Decenas de PyMEs ven erosionado su capital de trabajo antes de vender su primer producto o servicio, sofocadas por gastos fijos sin ingresos que los respalden.
- Destrucción y freno al empleo: Cada trámite encarcelado en un cajón es una contratación congelada. La lentitud administrativa le roba a Hermosillo fuentes de trabajo formales y dignas que las familias locales necesitan hoy, no dentro de seis meses.
- Deterioro de la imagen y competitividad: ¿Qué mensaje envía el municipio a la inversión? Que emprender aquí es un deporte de riesgo administrativo. La imagen de Hermosillo como una ciudad moderna y atractiva para los negocios, que ha sido el sello impuesto por el alcalde Antonio Astiazaaránen sus cinco años de gestión, se desmorona ante la percepción de un gobierno lento e insensible.
- Incentivo a la informalidad: Cuando el camino legal es laberíntico e interminable, la burocracia termina empujando a los ciudadanos hacia la informalidad, castigando paradójicamente al contribuyente cumplido.
No se pide impunidad ni relajación de los estándares urbanísticos o de seguridad. Se exige respeto al tiempo y a la inversión del ciudadano. La digitalización de trámites no puede quedarse en un discurso de informe de gobierno o en una página web defectuosa; debe traducirse en plazos reales, respuesta rápida y vocación de servicio.
Hermosillo no puede darse el lujo de mantener una dependencia municipal que actúe como un freno de mano para la economía local. Quien arriesga su patrimonio para crear empleo y generar riqueza merece un aliado en la autoridad, no un obstáculo vestido de sello oficial. Es momento de que la Secretaría de Desarrollo Urbano despierte de su letargo y entienda que, en el mundo real, cada día de trámite perdido es un negocio menos para la ciudad.
