La presidenta de México ha demostrado en estos dos años capacidad política y ha manejado con inteligencia la prueba de negociar con Trump
Editorial
Claudia Sheinbaum llega a su tercer año de mandato con una fortaleza política indiscutible y con un perfil presidencial más definido. Ha demostrado capacidad para administrar crisis y ejercer el poder con prudencia, disciplina, y resistencia a dejarse arrastrar por la estridencia. Pero esa solidez política convive con problemas sin una respuesta suficiente: la violencia marca la vida de amplias zonas del país, el crecimiento económico es débil y las diferencias con algunos miembros de su partido y gobernadores bajo la mira de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico plantean interrogantes para los años venideros. Son desafíos de importancia cuando ella dispone de un enorme capital político y de una mayoría que le permite impulsar transformaciones profundas.
La relación con Estados Unidos ha sido probablemente la prueba más difícil. Si Donald Trump ha convertido la amenaza, la presión comercial y el combate al narcotráfico en instrumentos de negociación, Sheinbaum ha evitado tanto la confrontación estéril como la subordinación. Su reivindicación de que México colaborará con EE UU, pero no aceptará injerencias ni intervenciones, expresa un principio que merece ser defendido. La soberanía, sin embargo, será más sólida cuanto mayor sea la capacidad del Estado mexicano de enfrentar al crimen organizado, la corrupción y las redes de complicidad que durante años han permitido su expansión.
Ahí reside uno de los grandes desafíos de su mandato. El Gobierno puede exhibir una reducción significativa de los homicidios y un cambio de estrategia en seguridad. Es un avance que debe reconocerse. Pero la violencia aún condiciona la vida de millones de mexicanos. Las desapariciones, la extorsión, el control territorial de grupos criminales y la vulnerabilidad de autoridades locales recuerdan que mejorar las estadísticas no significa recuperar la seguridad. Sheinbaum necesita demostrar resultados duraderos.
También la economía exige más. México ha mantenido estabilidad pese a la incertidumbre generada desde Washington, pero el crecimiento resulta insuficiente. El Gobierno ha apostado por atraer inversión, fortalecer la industria y aprovechar la integración económica norteamericana. Para que se traduzca en prosperidad necesita energía, infraestructura, seguridad jurídica y reglas previsibles. La política social puede reducir desigualdades y garantizar derechos, pero no sustituirá un crecimiento sostenido capaz de generar mejores empleos.
Sheinbaum ha mantenido la continuidad con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y nunca ha pretendido ocultarlo. Pero se ha distanciado en las formas de ejercer el poder: una mayor inclinación por la gestión, un discurso menos polarizador y capacidad para rectificar. Esa personalidad propia debe profundizarse. Gobernar también significa poner límites al propio partido y reconocer que una mayoría electoral no elimina la necesidad de contrapesos.
Este último punto será decisivo. Morena concentra un poder extraordinario y México atraviesa una profunda transformación institucional. La fortaleza de un Gobierno democrático no se mide únicamente por su respaldo popular o porque apruebe reformas. También depende de la independencia de las instituciones, de la división de poderes, de la libertad de expresión y de la existencia de espacios para la crítica. Sheinbaum tiene autoridad para garantizar esos equilibrios sin renunciar a su programa.
Dos años después, la presidenta ha demostrado templanza, método y capacidad política. El reto de los próximos años será convertir esas virtudes personales y ese enorme poder acumulado en resultados que sobrevivan a su Gobierno: un país más seguro, una economía más dinámica y unas instituciones más fuertes. Esa, más que la popularidad o la disciplina de su mayoría, será la verdadera medida de su presidencia.
