Documentos, expedientes judiciales y nuevos testimonios abren interrogantes sobre operaciones inmobiliarias, relaciones con fedatarios y la congruencia patrimonial del funcionario federal.
Redacción
PACHUCA, HIDALGO.— Alejandro Canek Vázquez Góngora, actual delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Hidalgo, enfrenta un renovado escrutinio derivado de antecedentes judiciales, controversias previas y nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades que, por su naturaleza, podrían ameritar la intervención de autoridades administrativas, fiscalizadoras y, de existir elementos suficientes, ministeriales.
La pregunta ya no se limita, por tanto, a la existencia de controversias personales alrededor del funcionario.
La cuestión de fondo es si detrás de los nuevos señalamientos existen operaciones, relaciones o flujos patrimoniales que deban ser reconstruidos y explicados ante las autoridades.
Nuevos señalamientos: ‘¿Un cártel inmobiliario?
Información proporcionada para esta investigación refiere la presunta existencia de documentos, comunicaciones y materiales de audio relacionados con irregularidades en operaciones vinculadas con vivienda y patrimonio inmobiliario en Hidalgo.
Las fuentes señalan participación activa de particulares y fedatarios públicos y utilizan una expresión particularmente delicada para describir la estructura que aseguran haber identificado: “cártel inmobiliario” en Hidalgo.
La expresión no constituye una calificación jurídica ni permite afirmar, por sí misma, la existencia de una organización criminal. Pero plantea una pregunta que sí merece respuesta: ¿Existe alrededor de determinadas operaciones inmobiliarias en Hidalgo una red de intereses entre funcionarios, particulares y fedatarios que deba ser investigada?
Fuentes relacionadas con el seguimiento del asunto aseguran que parte de esta información busca ser presentada ante instancias federales, incluida la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro.
Una historia que viene de atrás
Los cuestionamientos alrededor de Vázquez Góngora no comenzaron ahora.
En octubre de 2023, Excélsior publicó información relacionada con la investigación identificada como CI-FIMH/MH-4/UI-2 S/D/01442/05-2021, vinculándola con posibles hechos de fraude y suplantación de identidad.
La publicación hizo referencia a Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., y a señalamientos relacionados con una presunta insolvencia fraudulenta.
Información proporcionada recientemente para esta investigación sostiene además que existiría una nueva controversia de orden penal interpuesta por Antonio Guzmán, administrador y representante de Impulso Crediticio, en la cual aseguran que el origen del conflicto estaría vinculado con recursos presuntamente entregados para financiar actividades políticas de Vázquez Góngora.
Otro expediente, otro frente
A las controversias anteriores se agrega un litigio de naturaleza privada.
De acuerdo con documentación aportada para esta investigación, el expediente 5475/2025 corresponde a un procedimiento especial de arrendamiento promovido por la famosa presentadora de Univisión, María Teresa Prida Osorio contra Alejandro Canek Vázquez Góngora y su madre la señora Patricia Janette Góngora Soberanes.
Dentro de esa controversia se habrían formulado reclamaciones relacionadas con adeudos derivados del arrendamiento, así como señalamientos sobre presuntos daños y objetos faltantes en el inmueble que se le imputan al delegado y a su esposa que cohabitaban dicha propiedad.
Esta investigación tuvo además acceso a materiales audiovisuales que muestran la parte que los proporcionó, el estado en que quedó la propiedad.
La ruta del dinero, los inmuebles y la congruencia patrimonial
Información proporcionada para esta investigación plantea interrogantes respecto de la correspondencia entre los ingresos declarados por Vázquez Góngora y determinados bienes, viajes, relojes, actividades recreativas y otros gastos que presuntamente habría exhibido públicamente.
La pregunta relevante no es cuánto aparenta gastar un servidor público, sino más bien es ¿Existe correspondencia documental entre sus ingresos, su patrimonio y el origen lícito de los recursos con los que éste fue construido?
El caso adquiere una dimensión particular por el cargo que actualmente desempeña Vázquez Góngora: encabeza en Hidalgo la representación de una de las instituciones responsables de administrar derechos y operaciones directamente relacionados con el patrimonio y la vivienda de los trabajadores.
