Se rió del descarrilamiento en 2023 y el Interoceánico descarriló en 2025. No hay investigación ni orden de aprehensión: lo publicado es el único registro público de esos negocios con los hijos de AMLO. Y Amílcar Olán fue a un tribunal de Villahermosa a pedir que lo borraran.
Santiago Igartúa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Empecemos por una frase, porque es de 2023 y porque hay que oírla con lo que pasó después.
Amílcar Olán Aparicio —empresario tabasqueño, amigo de la infancia de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán— platicaba con un socio sobre el balasto, esa piedra triturada que va debajo de los rieles, la que decide si un tren se mantiene sobre la vía. Según las grabaciones que difundió Latinus, se jactaba de entregar sobornos para que su material no fuera sometido a pruebas físicas ni químicas. Y remató, entre risas: “Ya cuando se descarrile el tren, va a ser otro pedo.”
En diciembre de 2025, el Tren Interoceánico descarriló.
Guarden esa frase. Vamos a volver a ella.
Este jueves, en Proceso, Octavio Martínez publicó lo que Olán hizo con todo eso una vez que se volvió público: fue a un tribunal federal de Villahermosa a pedir que lo borraran. No a desmentirlo. A borrarlo. Demandó por la vía del amparo a Google, Facebook, YouTube, TikTok y X, y a medios como Aristegui Noticias, El Universal, Latinus y El Economista. Catorce medios en total, en un litigio iniciado el año pasado, para frenar la divulgación de su nombre y de su actividad empresarial.
Y aquí está el detalle que convierte una anécdota en un retrato: le pidió al tribunal que a esas plataformas y a esas redacciones les diera el trato de autoridades.
Deténganse en la palabra. El juicio de amparo existe para una sola cosa: que un ciudadano se defienda del Estado. Hace falta un acto de autoridad, un poder público que abusa de su facultad sobre un particular. Olán intentó invertir el mecanismo y usarlo contra los periodistas, como si una sala de redacción fuera una ventanilla de gobierno y un juez pudiera ordenarle que se callara. No es un error de su abogado. Es una idea del mundo.
Los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa se lo negaron el 14 de marzo de 2025: los medios y las plataformas no cumplen los requisitos para ser considerados autoridades. Improcedente.
Amilcar insistió alegando que le habían negado el derecho de réplica. Los magistrados tuvieron que escribirle, en el expediente 155/2024, una lección de primer semestre: que nunca presentó una solicitud formal por la vía judicial y que el derecho de réplica está supeditado a las aclaraciones, no a la censura. La réplica sirve para corregir datos falsos. No para desaparecer los verdaderos.
Hablemos entonces de lo que quería desaparecer, porque ahí están los hijos del expresidente y no de pasada.
En los audios que obtuvo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Olán no describe una amistad: describe una cadena de mando. “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’.” En otra grabación: “Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo, Gonzalito. Porque mañana tenemos recorrido allá en el Tren Maya con los de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con lo del balasto.”
Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby, era el hijo a quien su padre encomendó supervisar el Tren Interoceánico. Y las conversaciones sobre cuánto se pagó para que la piedra no se analizara son, según Latinus, con Pedro Salazar Beltrán: primo de Andy y de Bobby.
Su empresa Construcsol habría ganado miles de millones de pesos vendiendo balasto para el Tren Maya, material que según esas investigaciones no cumplía los estándares de calidad. En 2015, Andy fue invitado a su boda en Villahermosa. En 2022, el gobierno de Mara Lezama le entregó a su empresa Romedic un contrato de 295 millones 578 mil pesos para surtir medicamentos a diez hospitales, con una vigencia de cuatro días. En 2023 compró dos departamentos en Puerto Cancún por más de 31 millones, uno de ellos de 220.9 metros con vista al mar.
Y hay una última capa, la que ya no es de negocios. Los audios de 2023 sugieren que Olán encargó a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del CJNG en Veracruz para que dejaran de extorsionar las minas de balasto que abastecían el Tren Maya y el Interoceánico. El contacto: Iván Cazarín Molina, El Tanque, identificado por informes del Ejército como operador del cártel. Esa célula habría tenido nexos con La Barredora, el grupo que en Tabasco operaba bajo la protección de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández. Luis Alberto tiene carpetas abiertas en Tabasco por homicidio, robo y asociación delictuosa, sin registro de haber sido procesado por ninguna. Y una orden de aprehensión por intento de feminicidio en 2020, anulada en 2023 por otro amparo obtenido en otro juzgado de Villahermosa.
Piedra de mala calidad, sobornos para que nadie la revisara, un cártel protegiendo las minas, y un tren que acabó descarrilando.
Eso es lo que catorce medios publicaron. Eso es lo que Olán fue a pedir que se borrara.
Y ahora la parte que hace de esto un asunto de Estado y no de un empresario mañoso.
El miércoles, la fiscal general Ernestina Godoy salió a informar que no existe orden de aprehensión contra Amílcar Olán ni contra Andy López Beltrán y que la FGR no tiene investigación contra el hijo del expresidente. En agosto ya había dicho que no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria por hidrocarburos. Un desmentido que no desmiente nada. La Fiscalía no dice que no tenga indicios ni testimonios. Dice que lo que tiene no alcanza.
Sumen las dos cosas y verán el diseño completo.
No hay investigación. No hay orden de aprehensión. No hay un juez que le pregunte nada a nadie. En abril de 2024 el propio López Obrador rechazó desde la mañanera que sus hijos tuvieran que ver con el balasto y pidió pruebas. Las pruebas, tales como son —audios, escrituras, contratos, testimonios—, las publicaron los reporteros, porque nadie más las estaba buscando.
De modo que lo publicado es el único registro que se puede leer. Y la hemeroteca, la única parte del expediente que no está reservada.
Y ahí es donde el amparo deja de ser un trámite excéntrico y se vuelve el último eslabón de la impunidad.Si nada de lo demás se puede leer, borrar la nota equivale a borrar el hecho. Uno no demanda a catorce medios para limpiar su honor: para eso sirve la réplica, que él ni siquiera pidió. Se demanda a catorce medios cuando lo publicado es lo único que se puede consultar.
Cuando Estados Unidos le retiró la visa, Andy López Beltrán le escribió a Trump denunciando una agresión política, y en el movimiento se habló de persecución y de lawfare: el uso del derecho como arma. Rocha Moya repitió la palabra. El senador Inzunza la puso por escrito en su carta.
Lawfare hubo, sí. Lo intentó un amigo de la familia, en un juzgado de Villahermosa, contra nueve redacciones y cinco plataformas para que un juez ordenara silencio.
No lo detuvo ninguna soberanía, ninguna mañanera ni ninguna fiscalía. Lo detuvieron tres magistrados leyendo la Ley de Amparo.
El tren descarriló. La nota, no.
