Elementos de la 45/a Zona Militar de Nogales, Sonora, allanaron viviendas, golpearon a un joven y robaron pertenencias de los ejidatarios de El Bajío el pasado 14 de septiembre. La comunidad denuncia que la incursión busca intimidarlos ante las sentencias que tienen más doce años en espera de ejecución contra la minera Penmont.
CEIBA
El pasado 14 de septiembre, alrededor de las tres de la tarde, tres vehículos militares subieron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora. Los soldados —aproximadamente veinte elementos— llegaron preguntando por un supuesto vehículo armado blanco. Lo que siguió, según el testimonio de los ejidatarios, fue una incursión violenta que dejó golpes, robos y una comunidad atemorizada.
“Se fueron a golpear a un muchacho que estaba ahí, un muchacho humilde. Se volcaron a agarrarlo a cachetadas y someterlo para que dijera que él era malandro o que estaba con los malandros”, relata Erasmo Santiago Santiago, comisariado ejidal de El Bajío. “La verdad están muy mal los elementos y los soldados”.
La incursión no fue un hecho aislado. De acuerdo con el abogado del ejido, Sergio García Camacho, los militares “entraron de manera ilegal al territorio del ejido El Bajío tumbando puertas e invadiendo las casas de los campesinos, sin importarles la presencia de mujeres y niños, despojando de teléfonos celulares y de cuanto objeto encontraban en las casas sin mostrar orden judicial alguna”.
Saqueo y destrucción
Los ejidatarios narran que, mientras unos soldados sometían al joven, otros se dedicaban a saquear las viviendas.
Otro de los afectados fue Demetrio Avendaño Quintero, quien tiene colocadas cámaras de seguridad en su casa desde que le robaron un motor de motobomba. Los militares se llevaron las cámaras. “Entregaron una, pero estaba buena y como la sacaron a fuerza, ya no sirvió. Una de ellas se dañó totalmente”, lamenta.
También sustrajeron un teléfono celular propiedad de la señora de la casa. Los elementos argumentaron que no habían robado nada, pero finalmente lo devolvieron “porque no pudieron abrirlo, estaba bloqueado”. Las cámaras, sin embargo, no corrieron con la misma suerte.
“No es la primera vez”
La incursión del 14 de septiembre no es un hecho inédito. Jesús Thomas, ejidatario y defensor del territorio, señala que esta es, al menos, la quinta incursión violenta del ejército mexicano en el ejido. “La última vez que ocurrió algo así de violento fue hace cinco o seis años”, recuerda.
En esas incursiones anteriores, el ejército ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de los defensores campesinos: amnazascon armas, detenciones ilegales, siembra de armamento. “Actualmente se metió una queja ante la Secretaría de la Defensa Nacional y se prevé hacer una denuncia penal por los hechos”, adelanta Thomas.
El propio Santiago ha tenido encuentros previos con los militares, relata que en esta ocasión “ también alcancé a hablar con ellos, les di una sacudida con la palabra. Les dije que qué malos elementos, que nosotros mismos les estamos pagando para que cuiden a la nación, que cuiden a las comunidades. De esa manera no está bien lo que estaban haciendo”. En esa ocasión, un oficial pidió disculpas y prometió que no volvería a suceder. No cumplió.
El contexto: una lucha legal que está por vencer
Detrás de estas incursiones hay un trasfondo que los ejidatarios no dudan en señalar. El ejido El Bajío mantiene desde hace años una batalla legal contra la minera Penmont —filial de Fresnillo PLC— por la ocupación ilegal de su territorio. En 2014, el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo dictó 67 sentencias a favor del ejido, ordenando a la empresa devolver el oro extraído, desalojar las tierras y pagar las rentas por la ocupación ilegal.
El 6 de mayo de 2025, el tribunal dictaminó que la indemnización asciende a 1,205 millones de dólares por concepto del mineral extraído. La minera ha promovido 67 amparos, pero estos se han ido desechando uno por uno. Según el abogado García Camacho, “los 67 juicios agrarios ganados por el ejido están llegando a su fin a favor del ejido y a toda costa quieren intimidar a la comunidad para que abandonen la defensa del territorio”.
Jesús Thomas coincide: “La mina tiene maiceados a oficiales del ejército que están apersonados en la zona de la mina Soledad y Dipolos. Les dan facilidades, beneficios, y el ejército básicamente cumple como una guardia de seguridad”.
A ello se suma un amparo que la minera interpuso recientemente contra el peritaje que confirmaba el monto de lo que adeuda a los ejidatarios. “Es un amparo que todavía no está aceptado, todavía no está firme”, aclara Thomas. Y un tercer elemento: el reconocimiento por parte de las autoridades agrarias de que el ejido tiene una extensión mayor a la que aparece en los registros del Registro Agrario Nacional, un territorio que la minera ha intentado anexar bajo el pretexto de que eran terrenos nacionales.
Una historia de violencia y resistencia
La lucha del ejido El Bajío no ha sido pacífica. En 2018, los ejidatarios Noemí Elizabeth López Gutiérrez y Raúl Ibarra de la Paz fueron asesinados; hasta la fecha se desconoce el paradero de sus cuerpos. En 2021, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega corrieron la misma suerte. En sus cuerpos, los asesinos dejaron mensajes de amenaza al resto de la comunidad.
“Hemos perdido a cuatro compañeros, somos objeto de persecución por parte del Estado con la criminalización de la resistencia. Hemos tenido más de doce encarcelados y todavía tenemos órdenes de aprehensión vigentes”, relata Thomas. “Lo único que me queda es una desesperanza inmensa porque ves que el Estado mexicano no te protege. Siempre está a favor del capital”.
A pesar de todo, los ejidatarios de El Bajío no piensan rendirse. “Vamos a poner una denuncia ante la 45/a Zona Militar de Nogales. No se debe quedar así, porque si lo dejamos, esto va a seguir”, afirma Erasmo Santiago.
El comisariado ejidal, junto con Demetrio Avendaño Quintero y Norma Alicia Sandoval González, presentaron una denuncia formal ante el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jaime Enrique Félix Jiménez, comandante de la 45/a Zona Militar. En el documento, fechado el 14 de septiembre de 2026, denuncian “intromisión a nuestras tierras y violación de nuestros derechos humanos” por parte del personal y soldados oficiales.
“La gente que con tanto sacrificio tiene sus cosas y que lleguen esta gente y uno confiando en ellos, de que son legítimos y que están pagados por la nación para que mantengan el orden… no está bien”, dice Santiago.
Y lanza una denuncia pública: “Le hago una denuncia públicamente a la presidenta de la República, si nos oye en esta conversación, y a todos los jefes de los soldados: no hagan rapiñas porque ellos no conocen las necesidades de las comunidades, de los ejidos, de la gente que estamos donde no hay trabajo, porque nosotros estamos batallando para tener los alimentos. No es justo que lleguen haciendo la rapiña a los alimentos ni hostigar a la gente”.
El mensaje final de Jesús Thomas es de acompañamiento y resistencia: “Esperamos y mandamos un acompañamiento a que las otras comunidades campesinas, agrarias, defensoras del territorio que sufren también los embates del Estado puedan reflejarse en la lucha del ejido El Bajío y puedan hermanarse y acompañarse en todas estas tareas. Que no se desista nunca”.
