El despliegue con Estados Unidos opera en Tijuana y San Diego para detectar e inhabilitar aparatos usados por delincuentes para vigilar a autoridades durante el tráfico de personas y drogas
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que México y Estados Unidos comenzaron la ejecución de una operación binacional antidrones llamada “Águila Alta” en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California. El operativo se desarrolla desde el 31 de agosto y finalizará el próximo 21 de septiembre de 2026.
La acción se enmarca en el Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y forma parte de las operaciones concurrentes, conocidas como “espejo”, que realizan las Fuerzas Armadas de ambos países junto con agencias encargadas del cumplimiento de la ley estadounidenses. Cada fuerza actúa dentro de su propio territorio mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común.
Águila Alta busca contar con una frontera más segura mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial, que, según el comunicado, delincuentes emplean estos equipos en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.
El mecanismo de “operaciones espejo” implica que las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, junto con agencias de cumplimiento de la ley de ese país, realicen reconocimientos simultáneos a lo largo de la línea fronteriza. Cada fuerza opera exclusivamente dentro de su territorio, sin cruces ni intervenciones conjuntas en suelo ajeno.
Fotografía difundida por el Comando Norte de EEUU tras los derribos de finales de agosto. Crédito: U.S. Northern Command
El despliegue binacional busca detectar e inhabilitar los dispositivos que el crimen organizado usa para vigilar a las autoridades durante las operaciones ilícitas.
Este esquema de coordinación no es inédito. La Sedena señaló que un operativo similar se realizó del 17 al 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, lo que indica una continuidad en este tipo de cooperación fronteriza contra el uso de drones con fines ilícitos.
El operativo se divide en dos etapas. La primera se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana y San Diego. Durante esos días se realizó un ejercicio de coordinación sobre la problemática de drones entre las fuerzas de ambos países.
Un dron ilumina un terreno descampado durante un sobrevuelo nocturno en Tamaulipas, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esa primera fase culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, realizados por cada fuerza dentro de su propio territorio, con el fin de delimitar el área de operación conjunta.
La segunda fase comenzó tras el cierre de la primera y se encuentra en curso desde entonces, con vigencia hasta el 21 de septiembre de 2026. Consiste en el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyadas con equipos antidron fijos y móviles.
Este despliegue con equipos fijos y móviles constituye la etapa operativa central del ejercicio, en la que se concentra la detección y neutralización efectiva de los drones que operan en la zona fronteriza compartida.
La Sedena precisó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se realiza con pleno respeto a la soberanía nacional. El comunicado subrayó que no existe intervención de un país en el territorio del otro durante estos ejercicios.
El esquema se rige por principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, y confianza mutua entre ambas naciones. Estos criterios enmarcan tanto la operación Águila Alta como el antecedente realizado en marzo en la frontera de Chihuahua y Texas.
La dependencia también destacó el respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada país como parte de los principios que privilegian, en todo momento, los intereses del Estado mexicano dentro de este tipo de operaciones conjuntas.
El empleo de drones por organizaciones criminales en México no es un fenómeno reciente. Según un reportaje de Deutsche Welle, los cárteles incrementaron la fabricación de armamento artesanal e incorporaron herramientas tecnológicas para ampliar sus capacidades de ataque, vigilancia y control.
Un reporte registró alrededor de 670 eventos con drones armados desde 2018, de los cuales más del 72% ocurrieron entre enero de 2025 y agosto de 2026. Este dato evidencia una aceleración reciente en el uso de esta tecnología por parte del crimen organizado.
En estados como Sinaloa y Michoacán, la mayor concentración de reportes se vincula con luchas internas y control territorial entre agrupaciones. En Tamaulipas, en cambio, la actividad se explica más por tareas de vigilancia, debido a su condición de estado fronterizo.
El Comando Norte de Estados Unidos informó que ha inhabilitado más de 300 sistemas aéreos no tripulados pertenecientes a cárteles durante 2026. Las marcas más populares de estos drones son chinas, iraníes y turcas, además de una empresa de coinversión chino-estadounidense.
Grupos de inteligencia mexicanos y estadounidenses sospechan que los cárteles compran las piezas por separado (motores, hélices, placas de circuitos y baterías) y contratan técnicos para ensamblar drones clonados o caseros. Estos aparatos carecen de los candados digitales de geofijación que normalmente impiden a un dron comercial volar cerca de aeropuertos o bases militares.
