En entrevista con Infobae México, el presidente de la SCJN evaluó como positivo su primer año de gestión y dejó claros sus objetivos para el 2027
Itzallana López Castillo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicó un filtro más estricto para admitir asuntos y frenar así el rezago judicial que arrastraba antes de la llegada de su actual ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz,quien hizo un balance de su primer año de gestión que terminó por destapar los frentes más sensibles que enfrenta la Corte que comanda: un déficit presupuestal, la polémica por el seguro médico de sus trabajadores, el acercamiento de ministros con empresarios y un ultimátum internacional que vence este mismo año.
Hugo Aguilar explicó en entrevista con Infobae México que la Secretaría General de Acuerdos realiza ahora un examen exhaustivo antes de admitir cualquier caso. Los asuntos que no fijen un criterio útil para el sistema jurídico del país ya no se admiten, dijo, en una decisión que ha reducido en alrededor de 30% los expedientes que ingresan a la Corte.
- El objetivo es evitar que se usen mecanismos “para retrasar la solución de los conflictos”.
- Antes, algunos expedientes se admitían “solo para guardarlos en el cajón”, práctica que aseguró ya no ocurre.
- “Para abatir rezago necesitamos sacar más asuntos que los que ingresan”, afirmó.
El ministro presidente habló sobre los cambios que atribuyó a su gestión; están un sistema informático para turnar asuntos de forma aleatoria. (Infobae)
El ministro presidente reconoció que los egresos ya comienzan a rebasar los ingresos de casos, y puso como ejemplo los tiempos de trámite: detres mesesque tardaba un expediente en llegar a la mesa de los ministros, hoy se resuelve en 15 a 20 días. Enfatizó que incluso había un engrose —el ajuste final de una sentencia— que llevaba dos años sin concluirse, y que todavía existe un expediente con cuatro años de rezago.
Entre los cambios que atribuyó a su gestión están un sistema informático para turnar asuntos de forma aleatoria, el seguimiento de expedientes por código QR desde cualquier parte del país y una digitalización progresiva que, apuntó, mantendrá apoyo para quienes no tienen acceso a internet.
Ese mismo esfuerzo de austeridad, sin embargo, chocó con la polémica por el seguro de gastos médicos mayores de 288 trabajadores de la Corte —tema que la propia presidenta Claudia Sheinbaum tocó públicamente—. Aguilar aseguró que hubo información parcial: la restitución del seguro solo se aplicará si hay suficiencia presupuestaria, en un año en que la Corte enfrenta un déficit de 130 millones de pesos. “No es una decisión tomada”, insistió, y aclaró que la medida no involucra a los ministros.
Sobre las camionetas adquiridas al inicio de su gestión —otro señalamiento que sintió reflejado en el informe de Sheinbaum—, defendió que se trató de vehículos de gama baja, adquiridos tras dictámenes técnicos ante unidades en mal estado, y anunció que ya fueron reasignadas a jueces y magistrados con mayor necesidad.
La entrevista también destapó el debate por la fotografía de la ministra Lenia Batres con el empresario Carlos Slim, en medio de señalamientos sobre un posible cabildeo empresarial dentro de la Corte. Aguilar defendió una “política de puertas abiertas” con todos los sectores —sindicatos, empresarios, banqueros, periodistas— y anunció foros públicos a partir de septiembre para transparentar ese diálogo. Fue enfático: “No puedo decir que hay un sector que incide” en las decisiones del pleno que se guían por “la Constitución, la sensibilidad y el sentido de justicia”.
A la lista de frentes abiertos se suma el ultimátum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para eliminar la prisión preventiva oficiosa, que Aguilar se comprometió a resolver antes de que termine el año, aunque evitó adelantar el sentido del fallo. Sobre la eventual alternancia en la presidencia de la Corte, zanjó que “no es el momento” de discutirla, pues a él todavía le resta un año de gestión.
