El megaproceso electoral de 2027, para disputar en las urnas 21 mil cargos de representación popular en todo el país, arranca este jueves, con el banderazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a una de las contiendas más caras de la historia nacional. Sólo el gasto solicitado por los órganos electorales federales –incluido el financiamiento a los ocho partidos nacionales–, asciende a 51 mil millones de pesos, monto sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, en noviembre próximo.
Esa cantidad equivale, por ejemplo, a lo que paga México cada dos años en intereses de la deuda que dejó el rescate bancario de los años 90, acorde con el número revelado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De manera específica, para armar la operación de los comicios y la etapa de impugnaciones, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) piden 17 mil 453 millones de pesos: 13 mil 453 el primero y 4 mil millones el segundo.
A ese paquete deben añadirse otros rubros relacionados con la operación del INE (la nómina de 18 mil trabajadores permanentes, por ejemplo), así como 4 mil millones como “presupuesto precautorio” para consultas ciudadanas. Por tanto, el rubro clasificado en el apartado INE del anteproyecto del PEF va por 47 mil millones, mientras el del Tribunal Electoral queda en los 4 mil millones señalados.
Los funcionarios del instituto arguyen que el padrón electoral siempre va en aumento y eso significa, en automático, instalar más casillas.
Para la contienda intermedia de 2021, el INE dispuso de 8 mil 168 millones de pesos; en 2024 (para la elección de diputados, senadores y Presidencia de la República), la bolsa fue de 9 mil 355 millones. Es decir, aunque la del año entrante será una elección más chica, comparada con la de 2024, el instituto pretende que le den 4 mil millones de pesos más que en aquel momento.
La administración del órgano alega que el próximo año deberá instalar un número sin precedente de casillas (176 mil 741, es decir, 6 mil 738 más que en 2024), frente a una inflación proyectada de 3 por ciento, además del incremento en el costo del papel seguridad para producir las boletas electorales. En tanto, el TEPJF hizo una previsión moderada en acatamiento a las instrucciones de sus mandos en el Poder Judicial: pidió la misma cantidad que este año, sin añadir el impacto inflacionario.
Bola de nieve
El financiamiento público para las tareas político-electorales en el país se vuelve cada año una bola de nieve, debido a gastos fijos de las instancias electorales (nóminas, producción de la credencial para votar y desahogo de miles de juicios, entre otros) y por las coyunturas de cada proceso electoral. En su más reciente análisis, el propio INE reconoce una “variación de 45.6 por ciento” del gasto total de 2024 frente al pretendido para 2027.
Pero también las prerrogativas de los partidos políticos son cada vez mayores y no pueden recortarse porque son calculadas con base en una fórmula constitucional. Para el año en curso ascienden a 7 mil 737 millones, y para el entrante –con dos partidos nuevos– el monto sube a 10 mil millones.
Aparte, para las finanzas públicas de las entidades, está el gasto de los Organismos Públicos Locales (institutos electorales estatales), responsables de organizar las elecciones locales del año que entra: 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales (en 31 entidades federativas) y 2 mil 204 presidencias municipales. Asimismo, 299 presidencias de comunidades, mil 975 sindicaturas, 132 juntas municipales, 16 alcaldías y 204 concejalías.
