El hecho de que colectivos estén buscando a sus familiares es una situación muy complicada, porque suplen la obligación del Estado mexicano, advierte la investigadora de la IBERO, Ariadna Salazar.
DEBATE
La relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación y las madres buscadoras está marcada por una paradoja: hay diálogo institucional, pero también persisten reclamos por falta de resultados, protección e investigaciones eficaces.
Mientras la Secretaría de Gobernación (Segob) sostiene que mantiene comunicación y trabajo con las familias, activistas y organizaciones especializadas han señalado que persisten problemas en materia de búsqueda, identificación forense, investigación de delitos y protección para quienes participan en estas labores, inluso agresiones.
El contraste entre ambas posiciones forma parte de una discusión más amplia sobre la capacidad del Estado mexicano para responder a la crisis de desapariciones.
Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, resultó herida el sábado durante un ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa y analiza si la agresión está relacionada con su labor como buscadora de personas desaparecidas.
Ayer, Gobernación informó que estableció contacto con Alma Rosa Rojo y su familia después de conocer el ataque y que mantiene coordinación con las instituciones involucradas para brindar atención y seguimiento al caso.
Reuniones con colectivos
La Segob ha mantenido reuniones con madres y familiares de personas desaparecidas para revisar propuestas relacionadas con las políticas de búsqueda y atención a víctimas.
En esos encuentros han participado distintos colectivos y organizaciones, entre ellos representantes de grupos de madres buscadoras. El gobierno federal ha señalado que estos espacios forman parte de un proceso de coordinación con las familias y que sus planteamientos son considerados en la construcción de políticas públicas.
La existencia de estas reuniones es uno de los principales argumentos de la administración federal para rechazar que exista una ausencia de diálogo con las organizaciones. Sin embargo, colectivos han planteado que la interlocución debe acompañarse de resultados concretos en las investigaciones y búsquedas.
El caso de Ceci Flores
Uno de los casos más visibles es el de Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, quien ha mantenido una posición crítica frente a distintas autoridades.
Flores ha reclamado avances en la búsqueda de personas desaparecidas y ha planteado la necesidad de fortalecer la protección para las familias que participan directamente en estas labores. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la activista buscó en varias ocasiones, sin éxito, reunirse directamente con el presidente.
Durante el sexenio de AMLO, Flores fue objeto de fuertes cuestionamientos públicos por parte del propio presidente, incluido el episodio de mayo de 2024 en el que López Obrador descalificó a colectivos de búsqueda.
En marzo de 2024, Flores acudió a Palacio Nacional para intentar entregarle a López Obrador una pala, como símbolo de la responsabilidad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas. El mandatario respondió que la recibiría después del proceso electoral, argumentando que no quería que el encuentro fuera utilizado políticamente, pero no ocurrió.
El diputado del PAN, Federico Döring puso como ejemplo el caso de Ceci Flores para ilustrar su argumento de que no hay derecho de replíca en México porque no se le permitió acceder a La Mañanera.
Un año antes, en abril de 2023, cuando Flores fue reportada como desaparecida durante una jornada de búsqueda en Sinaloa, López Obrador informó públicamente que se había desplegado un operativo para localizarla
Con Claudia Sheinbaum el escenario es diferente en cuanto a la interlocución institucional, aunque tampoco ha sido recibida por la mandataria.
En abril de 2025, Ceci Flores acudió nuevamente a Palacio Nacional para solicitar ser recibida por Sheinbaum. La presidenta no se encontraba en México ese día y Flores fue atendida mediante la Secretaría de Gobernación. Rosa Icela Rodríguez le informó que ya tenía una cita con ella, y posteriormente se realizaron encuentros con colectivos de madres buscadoras.
Una crisis acumulada
Sin embargo, la problemática de las desapariciones antecede a los gobierno de la 4T. México enfrenta desde hace años un crecimiento sostenido de reportes de personas desaparecidas, además de rezagos en identificación forense, investigación ministerial y localización de restos.
Es muy complicado, porque atender el problema de la desaparición de personas es una obligación del Estado mexicano, de la federación y de los gobiernos estatales, tienen competencias compartidas, apuntó la investigador Ariadna Salazar, de la Universidad Iberoamericana.
“Parte de una obligación del Estado de hacerse cargo, por un lado, de la búsqueda de las personas y parte la investigación penal, no sobre los hechos delictivos ocurridos”, anotó la académica experta en derechos humanos.
El hecho de que colectivos, desde hace ya varias décadas, estén buscando a sus familiares, es una cuestión muy complicada, porque están supliendo la obligación del Estado mexicano, advirtió.
Partimos de una cuestión muy compleja por la falta de resultados en encontrar a las personas desaparecidas, y se suma un componente todavía más, que tiene que ver con que el Estado tiene que proteger a las personas buscadoras ante posibles ataques, añadió Salazar.
Protección para madres buscadoras
La seguridad de las madres buscadoras constituye otro de los puntos señalados por las organizaciones. En entidades con altos niveles de violencia, los colectivos, como Iniciativa Sinaloa, han reportado amenazas y agresiones relacionadas con su actividad.
Sinaloa es uno de los estados donde las organizaciones han advertido sobre este riesgo. El contexto de violencia que enfrenta la entidad ha alcanzado también a colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum no emitió comentario alguno sobre la agresión a Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, aunque la Segob señaló que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió al hospital donde se encuentra la activista para conocer su estado de salud y proporcionar apoyo tanto a ella como a sus familiares.
ENLACE: Madres buscadoras: diálogo con la 4T, pero resultados todavía insuficientes | El Debate
