El funcionario defendió su regreso con el argumento de que la FGR no halló pruebas en su contra
Ingrid Scarlet Rubi Resendiz
La periodista Anabel Hernandez calificó de “tragicomedia” el regreso de Rubén Rocha Moyacomo gobernador de Sinaloa, pese a las acusaciones en su contra de conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y protección política.
“El contenido del mensaje del gobernador sería parte de una tragicomedia y podríamos reírnos de varias de sus líneas, si no fuera tan grave el hecho de que un hombre como él, imputado de delitos tan graves en Estados Unidos por un jurado ciudadano que determinó que las pruebas eran suficientes”, aseveró.
La periodista realizó esa valoración en una entrevista con Carmen Aristegui, donde advirtió que el regreso de un funcionario imputado por un jurado ciudadano estadounidense constituye un escándalo de proporciones graves.
Por su parte, Rocha Moya comunicó su regreso mediante un mensaje en X, en el que aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no halló “los mínimos elementos de prueba” para mantener cargos penales en su contra, conforme a la legislación mexicana. El gobernador sostuvo que retoma sus funciones “con el frente limpia y en alto”.
Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)
Para Hernández, el regreso del mandatario sinaloense no es un asunto menor. “El mensaje que está enviando el Partido Morena, la Presidenta de la República, la Fiscalía General de la República con el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa solo es una prueba creciente de que vivimos en narcocracia”, advirtió la periodista, en una frase que da título a su nuevo libro, Narcocracia, cuya venta arranca el 24 de agosto.
Hernández señaló que en su mensaje de retorno, Rocha Moya omitió deliberadamente la figura del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024. La periodista lo describió como “un punto en la ecuación” que el gobernador prefirió ignorar.
Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses en Arizona el 11 de mayo de 2026, tras ser acusado junto a Rocha Moya y otros ocho funcionarios de trabajar para Los Chapitos. La acusación lo señala de recibir sobornos de hasta USD 100.000 mensuales a cambio de brindar protección a la organización criminal y filtrar información sobre operativos.
Según Hernández, el general tomó esa decisión por instrucción del general Treviño, quien le habría dicho que el Ejército “no va a estar tapando a nadie” y que debía entregarse y colaborar. Esa versión, según la periodista, proviene de información de primera mano
El 11 de agosto, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos registró la salida de Mérida del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde había permanecido desde su captura. Su proceso judicial continúa abierto y su salida de la prisión abre la posibilidad de que colabore con el sistema de testigos protegidos estadounidense.
Pese a los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había declarado el mismo día que Estados Unidos “no ha enviado la información de detención urgente para extradición” y que el regreso de Rocha Moya al cargo era “una decisión de él”. Sin embargo, la mandataria sostuvo que su gobierno no instruyó al gobernador a mantenerse en licencia ni a regresar.
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Para Hernández, el hecho de que el gobierno federal no haya frenado el regreso del funcionario acusado confirma el respaldo institucional al gobernador sinaloense: ambas conducen, según su lectura, al mismo resultado.
En su comunicado publicado en X, Rocha Moya atribuyó las acusaciones a “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”. El gobernador las calificó de “falsas acusaciones” formuladas “sin ninguna prueba” por “una oficina del Gobierno de Estados Unidos”.
SRE transparenta comunicaciones sobre extradiciones solicitadas por Estados Unidos.
El funcionario afirmó haber comparecido personalmente ante la FGR y haber respondido “con atingencia y veracidad” todas las preguntas formuladas por los agentes del ministerio público. Tras 112 días de investigación, la propia Fiscalía informó en conferencia de prensa que no existen elementos mínimos de prueba que sustenten su participación en conducta penal alguna, según el texto del comunicado.
Rocha Moya revindicó su participación en la Cuarta Transformación y anunció que su gobierno trabajará “con más ahínco que nunca” bajo el liderazgo de Sheinbaum. El gobernador también reafirmó su intención de mantenerse en el cargo hasta el 31 de octubre de 2027, fecha en que concluye su mandato constitucional.
Durante su intervención, Hernández trazó un patrón más amplio detrás del regreso de Rocha Moya. Señaló que el gobierno federal avanza en una serie de “carpetazos” sobre casos sensibles —entre ellos la exoneración de Andy López Beltrán, la de Pancho Moy y el manejo del caso Carlos Manso en Michoacán— con el objetivo de presentarse ante el electorado con “el velo de la pureza”.
La periodista advirtió que esa estrategia deja sin resolver los eslabones más altos de las cadenas criminales. “Lo que provoca la impunidad es mayor criminalidad”, afirmó. Hernández sostuvo que la criminalidad que opera en México “solo funciona si hay una protección al más alto nivel” y que, en algunos casos, ese nivel “llega hasta la Presidencia de la República”.
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)
La periodista también mencionó el caso Ayotzinapa como ejemplo de esa lógica. Señaló que la participación de grupos criminales, policías municipales y federales en ese crimen “no se puede entender si no hubo toda una maquinación a gran escala” que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes el actual gobierno “no toca ni con el pétalo de una rosa”.
Hernández cerró su análisis con una advertencia sobre el riesgo de una justicia que solo alcanza “el primer escalón” de la escalera. Cuando la impunidad protege a los cómplices que están más arriba, dijo, el resultado histórico siempre ha sido el mismo: más criminalidad, no menos.
