La organización convocó a una reunión urgente para evaluar la situación, pero México y Brasil no apoyaron la medida.
Redacción AN/ SBH
La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión “urgente” de cancilleres, por pedido de Estados Unidos, para debatir acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de excluir a la oposición de elecciones.
El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta estadounidense a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a sus adversarios de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años “renovables”.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó alrededor de 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
La reunión extraordinaria de cancilleres -aún sin fecha- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.
Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a “tomar acciones reales” frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.
La postura de México
Según el embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas, el asunto de Nicaragua no es una amenaza a la paz o estabilidad continental, además de que ese país ya no es parte de la OEA.
Sostuvo que esta estrategia puede conducir a mayor desestabilización en Nicaragua, además de que el problema político y de derechos humanos podría convertirse en un asunto de seguridad.
Sostuvo que según la versión de México, hay espacios para seguir abordando el tema.
“La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos”, dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.
La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.
El gobierno de Ortega y Murillo retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.
La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”.
Tras la votación, Murillo arremetió contra los opositores, a quienes llamó “mercenarios”, “traidores” y “cobardes”. “¡Cuanta falta de legitimidad”, dijo, sin mencionar a la OEA, en su mensaje diario por medios oficialistas.
Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una “dictadura dinástica”.
En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.
“Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente”, sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros de la organización.
Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es “urgente”. “Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?”, expresó.
Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.
En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno.
Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo (AFP).
