A más de una década del peor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana, la cita de este miércoles en Ures sobre las supuestas «acciones de remediación» del Río Sonora vuelve a encender las alarmas de la indignación. Lo que debiera ser un acto de rendición de cuentas histórico amenaza con convertirse, una vez más, en el mismo teatro burocrático de siempre: un presídium complaciente, discursos edulcorados y una evidente complicidad institucional para lavar la cara a Grupo México.
Decir que el Río Sonora necesita remediación es quedarse absurdamente corto. Lo que ha vivido la cuenca desde agosto de 2014 no es solo la contaminación de sus aguas por metales pesados; es un ejercicio de impunidad corporativa donde la gigante minera ha pagado multas ridículas en comparación con sus millonarias ganancias, mientras abandona a su suerte la salud de miles de personas. Las promesas incumplidas se cuentan por docenas: potabilizadoras inservibles que hoy se caen a pedazos como monumentos a la burla, un fideicomiso opaco que se cerró a conveniencia y una atención médica que jamás garantizó un seguimiento epidemiológico serio para las víctimas del derrame.
Lo más alarmante no es solo el cinismo de la empresa, sino la permisividad del poder público. Gobierno tras gobierno, las autoridades ambientales han preferido actuar como despachos de relaciones públicas de la minera antes que como defensores del interés común y del derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano. Presentarse hoy en Ures a leer diapositivas y firmar minutas sin un plan de remediación integral, vinculante y con supervisión ciudadana independiente no es un avance: es una afrenta directa a los habitantes de Bacanuchi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora y Ures.
Los pobladores no acuden a esta reunión a pedir favores ni a escuchar pretextos. Exigen la remediación total del ecosistema, la operación inmediata y financiada a largo plazo de potabilizadoras reales, la reapertura y equipamiento de la clínica especializada en salud ambiental (URESA) y el castigo efectivo a los responsables de la catástrofe.
Si las autoridades de los tres niveles de gobierno y Grupo México creen que el tiempo diluirá la memoria de la cuenca, se equivocan rotundamente. La dignidad de la gente del Río Sonora no está a la venta ni se aplaca con discursos huecos. Mientras el agua siga contaminada y la impunidad intacta, cada reunión sin resultados reales será leída por el pueblo como lo que es: un pacto de simulación que los sonorenses ya no van a tolerar.
