Alexandra Lozano dejó casi 54.000 casos en vilo, lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas
Isaías Alvarado
Mientras Carlos Navarro Ceja soportaba el encierro en una fría cárcel migratoria, en las redes sociales circulaba una imagen completamente distinta de su caso. En un video, su defensora legal, Alexandra Lozano, quien se autonombró “La abogada de los milagros”, aparecía sonriente junto a él y su esposa, mostrando lo que afirmaba eran las tarjetas de residencia permanente de ambos. Era, en realidad, un permiso de trabajo que más tarde fue revocado por las autoridades. Navarro Ceja nunca obtuvo la green card y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en diciembre de 2025. Después de cuatro duros meses bajo custodia, en abril pasado decidió aceptar su deportación y volvió a su natal Michoacán, poniendo fin a 33 años de vida en Estados Unidos.
Navarro Ceja y su esposa, María Guadalupe Fernández Raya, entregaron a Lozano los 47.500 dólares que habían ahorrado durante años con la esperanza de regularizar su situación migratoria. Su apuesta era acogerse a la Ley VAWA, una disposición que protege a determinadas víctimas de violencia y les permite solicitar beneficios migratorios. Aseguraban tener evidencia contundente para ganar el caso. Sin embargo, terminaron atrapados en lo que apunta a ser uno de los mayores escándalos de presunto fraude migratorio de las últimas décadas.
Tras enfrentar múltiples señalamientos por supuesta mala representación legal, Lozano entregó su licencia para ejercer ante la Barra de Abogados del Estado de Washington y cerró las puertas de varias oficinas legales, dejando casi 54.000 casos migratorios en el limbo. Al menos seis de sus clientes, entre ellos Navarro Ceja, fueron deportados a México, y muchos otros acabaron en la lista negra del ICE. Se alega que varias solicitudes presentadas bajo la Ley VAWA contenían declaraciones falsas o exageradas que no resistieron el escrutinio de los tribunales de inmigración, lo que derivó en que muchos de sus clientes terminaran enfrentando órdenes de expulsión.
Dos demandas colectivas presentadas ante un tribunal federal de Seattle sostienen que Lozano amasó una fortuna en pocos años gracias a un presunto esquema fraudulento, impulsado por una agresiva estrategia de mercadotecnia en Facebook y TikTok que proyectaba una imagen casi divina de sus servicios. Con su característica cabellera rubia y un español marcado por un ligero acento, solía grabar videos frente a un cuadro de la Virgen de Guadalupe o ponerse vestidos cuyo diseño evocaba al Sagrado Corazón de Jesús. “Gracias a la Virgencita, por las familias unidas y por las vidas cambiadas”, decía uno de sus anuncios. Hoy, sin embargo, alrededor de 35 mexicanos aseguran en las demandas haber sido víctimas de quien les prometió falsamente sacarlos de las sombras.
Enriquecimiento ilícito, crimen organizado, mala práctica legal e incumplimiento de contrato son algunos de los supuestos delitos mencionados en las querellas que pesan contra Lozano. “Basándose en las tarifas promedio cobradas (hasta 25.000 dólares por caso) y en el número de clientes actuales, Lozano ha recibido pagos o promesas de pago por un monto superior a los 400 millones de dólares”, sostiene una de las demandas. “El bufete de Lozano se describía a sí mismo como ‘un despacho de abogados pionero que revolucionó la práctica del Derecho de inmigración”, agrega el documento, señalando que, no obstante, “dicho enfoque ‘pionero’, ‘innovador y novedoso’ de Lozano era fraudulento e ilegal”.
La sospechosa fortuna de Lozano
En una entrevista concedida a la revista Super Lawyers en julio de 2021, Lozano aseguraba que su firma contaba con unos 100 empleados. Cinco años después, el despacho había crecido de forma vertiginosa: la plantilla superaba los 750 trabajadores, que atendían casos desde oficinas en Seattle, Chicago, Houston, Los Ángeles y San Antonio, además de contar con personal en México, Colombia, Nicaragua y Filipinas. Todas esas sedes cerraron tras la pérdida de su licencia.
Su éxito se alimentó de una intensa presencia en las redes sociales y del boca a boca entre la comunidad inmigrante, una combinación que disparó el número de clientes y, con ello, sus ingresos. De acuerdo con las demandas colectivas, llegó a representar a más de 80.000 personas, en su mayoría inmigrantes mexicanos en situación irregular, quienes pagaban entre 10.000 y 25.000 dólares por cada caso.
Con parte de esas ganancias,la abogada adquirió un avión privado Bombardier Challenger 300, valorado en unos 25 millones de dólares, que mandó a pintar de rosa y utilizaba para viajes de negocios y placer. “Es muy raro que un abogado tenga un avión privado. Es totalmente indignante lo que ella hizo”, dijo Vicente Barraza, quien representa legalmente a 34 presuntas víctimas en una de las demandas, en una entrevista con EL PAÍS. “Este es el peor caso de fraude migratorio del que he tenido conocimiento. Ha sido una auténtica catástrofe para la comunidad hispana de este país”.
El jet rosado fue apenas una de las extravagancias que, de acuerdo con los registros, financió Lozano. Se alega que su principal apuesta fue construir lo que las demandas describen como un “portafolio multimillonario de bienes raíces nacionales”. Entre sus activos figuraban dos lujosos condominios en Seattle y Chicago, valorados en más de 4 millones de dólares, así como dos propiedades en México. La más costosa era una mansión ubicada en Bosques de las Lomas, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México.
Según los documentos judiciales, ese patrimonio fue adquirido mediante una red de empresas. Entre ellas se encontraba Sueño Cumplido, que presuntamente intervino en la transferencia de la propiedad del avión privado; Five Star Legacy Trust, que compró los condominios de Seattle y Chicago; y 5 Branches Holding Company, señalada de administrar diversos activos internacionales de Lozano, entre ellos Quetzal International Services y otras sociedades constituidas en Colombia.
Lozano tenía otras inversiones, como las empresas Amiga Lawyers y Ally Lozano, dedicadas a capacitar abogados en sus estrategias de negocio. Entre 2019 y 2021, esas compañías habrían facturado más de 1,7 millones de dólares impartiendo cursos sobre los métodos desarrollados por la propia abogada.
Pese al crecimiento del despacho, gran parte del trabajo recaía en empleados con conocimientos de derecho migratorio, pero sin licencia para ejercer la abogacía. De acuerdo con los expedientes, la firma los presentaba ante los clientes como “licenciados” para hacerles creer que se trataba de abogados autorizados.
El despacho también recurrió a abogados radicados en México y Colombia para revisar expedientes y comunicarse con los migrantes, haciéndoles creer que estaban en Estados Unidos y que podían ejercer en este país.
“No hay palabras para explicar el impacto que tendrán las acciones de esta abogada”, afirmó Barraza. “Ella agilizó las deportaciones de muchas personas, siendo quien debía defenderlos”.
El estratégico uso de la Virgen de Guadalupe
En uno de los videos promocionales que todavía circulan en las redes sociales, Lozano explicaba la presencia de un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe en la entrada de su oficina en Seattle. Muchos clientes acudían al despacho, según relataba, para dejar rosas y flores, mientras su personal encendía veladoras “para darle gracias por todos los buenos resultados y también para pedir su ayuda en los casos”.
Esa imagen fue uno de los elementos que influyó en la decisión del matrimonio formado por los mexicanos Erika Mejía Sánchez y Juan Manuel Villanueva Vega, padres de cinco ciudadanos estadounidenses. La pareja aseguró que confió en la firma “en parte debido al uso que Lozano hacía de la Virgen de Guadalupe en sus materiales de marketing y a las connotaciones asociadas con la Virgen”.
Pagaron más de 32.000 dólares con la esperanza de obtener algún alivio migratorio. Antes de acudir con Lozano, varios abogados les habían recomendado no iniciar ningún trámite, debido a sus múltiples entradas irregulares al país. Temían que un juez rechazara su solicitud y que el caso terminara atrayendo la atención del ICE. Pero Lozano les ofreció una salida distinta, casi un milagro: les aseguró que en tan solo seis meses ellos recibirían un permiso de trabajo y que en un año obtendrían la anhelada residencia permanente.
La estrategia consistía en una mentira que Lozano consideraba piadosa: presentar una solicitud bajo la Ley VAWA que se basó en falsas acusaciones de maltrato por parte de su propia hija. En el expediente se incluyó una evaluación psicológica elaborada con esa información imprecisa por dos empresas vinculadas a Lozano: En Solidaridad y Salud Total.
La solicitud de residencia permanente de Villanueva Vega, como ocurrió con otros clientes de la firma, fue rechazada por las autoridades migratorias. Ahora este mexicano enfrenta el escenario que buscaba evitar: un proceso de deportación.
