Mientras el gobierno anuncia un nuevo hospital para las personas afectadas, las comunidades impactadas por el derrame de Grupo México aseguran que, pese a compromisos oficiales y fallos judiciales, la remediación ambiental no se ha concretado y el agua sigue sin ser segura.
ANIMAL POLITICO
“Toda nuestra vida era el río. Todo era el río. Todo”. Martha Aguirre habla del derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, ocasionado por Buenavista del Cobre, una empresa subsidiaria de Grupo México.
Doce años atrás se bañaban en sus aguas y la usaban para consumo humano. También pescaban y lavaban la ropa. Desde el derrame, asegura Martha, nada volvió a ser igual: la reparación ambiental prometida continúa pendiente y nadie confía en la limpieza del agua.
Martha ha vivido toda su vida en Arizpe, Sonora. Desde niña, el río ha formado parte de su historia; antes de la contaminación, recuerda, la gente acudía a él para lavarse o para obtener agua de riego para sus cultivos.
“Nosotros en tiempo de calor bajamos a bañarnos al río. Todos los chamacos de mi edad, a bañarnos en el río”, cuenta.
El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre derramó millones de litros de una solución tóxica en el arroyo Tinajas del municipio de Cananea, Sonora. El vertimiento alcanzó al Río Bacanuchi y poco después al Río Sonora, que alimenta a la presa “El Molinito”.
El resultado final, en ese momento, fue de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río potencialmente afectados, a causa del vertido originado en la empresa perteneciente a Grupo México, el consorcio multinacional minero propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.
“Tomábamos agua del río. Con eso te digo todo (…) Convivíamos en el río. Ahí nos la pasábamos. Sinceramente yo sí lloro por mi río [el derrame] nos vino a cambiar la vida a todos”, cuenta Martha en entrevista con Animal Político.
“Insuficientes, las acciones del Estado”
En todo este tiempo, las personas afectadas por el derrame han defendido el territorio en busca de justicia ambiental y la remediación del Río Sonora.
Con esta finalidad, conformaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) que han obtenido fallos históricos en materia ambiental ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esos logros “no se han materializado en acciones concretas de reparación en el territorio por falta de voluntad política”, denuncian.
A 12 años de la tragedia ambiental, integrantes de los comités reiteran que pese a la existencia de estudios científicos, recomendaciones de organismos de derechos humanos, sentencias judiciales, medidas cautelares, anuncios gubernamentales, mesas de trabajo y diversos planes institucionales, persisten los daños ambientales y a la salud.
“Somos un pueblo de agricultura, de ganadería y que te contaminen tu río duele mucho. Ojalá las mineras y los gobiernos entendieran lo que es la vida en los pueblos: muy tranquila, muy bonita y libre, pero ya con un río contaminado nada es igual”, afirma Martha Aguirre.
Ante los nulos resultados para lograr el bienestar, los comités y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) que los acompaña, consideran una simulación las acciones emprendidas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, lo que constituye una forma de violencia institucional.
“Cada nuevo anuncio, plan o compromiso incumplido prolonga los daños ocasionados por el desastre, perpetúa la exposición de las comunidades a riesgos ambientales y sanitarios y retrasa el acceso efectivo a la justicia, a la verdad y a la reparación integral”, señalaron en un comunicado.
El agua, de cristalina a “chocolatosa”
Martha Aguirre, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, recuerda que en el Río Sonora había peces grandes.
“Últimamente sale uno que otro pececillo, pero ya nada de lo que había antes. En donde se hacía laguna podíamos ir a pescar, nomás por el antojo y por chamacos. Aunque ahora nada puedes comer por temor a los metales pesados; muchos sí lo hacemos porque estamos acostumbrados”, agregó.
A los daños ocasionados por el derrame de la empresa de Grupo México se suma, de acuerdo con Martha, que el río se está secando por el saqueo de líquido que realiza la compañía minera.
“La mina usa más agua que nosotros y se está secando un poco. El río Bacanuchi sí corre todo el año, pero mucho menos y [aunque] el agua está cristalina cuando sale con la lluvia se ve chocolatosa”, cuenta Martha.
“Huele feo”, acusa. “Es un olor diferente a lo normal, es mucha desconfianza ya”.
El pasado 5 de agosto, un día antes de que se cumplieran los 12 años, el gobierno federal colocó la primera piedra del “Hospital de la Región del Río Sonora” en la ciudad de Ures, que atenderá a personas afectadas por el derrame de la empresa Buenavista del Cobre.
No obstante, los Comités de Cuenca Río Sonora consignaron que la contaminación persiste, y que los riesgos para la salud y las deficiencias en el acceso al agua segura evidencian que ni el Estado ni Grupo México han cumplido plenamente las obligaciones que derivan del derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos y protección ambiental.
