Hay publicaciones periodísticas que buscan informar. Otras pretenden influir en la agenda pública. Y existen algunas cuyo destinatario principal ni siquiera se encuentra en el lugar donde ocurre la historia. Esa parece ser la lógica de la reciente publicación de Dolia Estévez.
El golpe fue diseñado en varios niveles.
El primero impactó al reducido universo de la prensa sonorense. La reacción de buena parte del gremio dejó al descubierto una preocupante fragilidad profesional. En lugar de verificar información, predominó la especulación; en vez de contextualizar los hechos, abundaron las descalificaciones y las lecturas apresuradas. El resultado fue un debate atrapado en el escándalo, mientras el fondo del asunto pasaba inadvertido.
El segundo nivel alcanzó directamente al equipo de comunicación y al gabinete del gobernador Alfonso Durazo. Desde esta perspectiva, la publicación tuvo como propósito sembrar desconfianza, generar fracturas internas y debilitar la cohesión política del círculo cercano al mandatario. El ambiente de sospecha y confrontación que provocó terminó favoreciendo una estrategia de desgaste contra el gobierno estatal.
Pero el tercer nivel es el más delicado y, al mismo tiempo, el menos discutido.
Mi lectura es que el verdadero destinatario del mensaje no estaba en Hermosillo, sino en Washington. La publicación puede entenderse como un intento de colocar al gobernador Alfonso Durazo bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses al señalar que mantiene respaldo o cercanía con el periodista Pablo Iglesias, quien, según la propia narrativa difundida por Dolia Estévez, figura en una lista vinculada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Si esa interpretación es correcta, el objetivo trasciende el ámbito del periodismo. El mensaje deja de dirigirse a la opinión pública sonorense para convertirse en una denuncia política orientada hacia Washington, con la intención de colocar el proceso político de Sonora dentro del radar de la administración estadounidense.
Ese escenario resulta especialmente preocupante porque abre la puerta a una narrativa impulsada desde sectores de la derecha estadounidense que han sostenido que su gobierno debe involucrarse cada vez más en asuntos internos de México. Bajo esa lógica, cualquier señalamiento puede convertirse en un pretexto para ejercer presión política o intentar influir, directa o indirectamente, en un proceso electoral que corresponde exclusivamente a las y los sonorenses.
El periodismo tiene como misión investigar al poder, exhibir abusos y documentar hechos de interés público. Pero una cosa es fiscalizar a un gobierno y otra muy distinta es construir narrativas que puedan ser utilizadas por actores extranjeros para intervenir en la discusión política nacional.
Sonora elegirá su futuro en las urnas. No en los despachos de Washington. No bajo la mirada de intereses externos. Y no por el efecto de publicaciones que, más allá de su intención declarada, terminen ofreciendo argumentos para que un gobierno extranjero pretenda influir en una decisión que únicamente corresponde al pueblo de Sonora.
La soberanía no sólo se defiende en las fronteras. También se defiende cuando se rechaza cualquier intento de trasladar las disputas políticas locales al escenario internacional para buscar, desde el exterior, ventajas que deben ganarse únicamente con el respaldo de la ciudadanía.
