Aidée Tassinarib Ascuaga
El 17 de julio pasado varias camionetas con hombres armados irrumpieron en el territorio del ejido el Bajío con el fin de amedrentar a los campesinos. Iban acompañados de unidades de la policía municipal.
Es la tercera ocasión que ocurre este tipo de incursiones. Han sido repelidos, pero a costa de la vida de las personas defensoras de esas tierras. El 12 de febrero de 2018 sicarios entraron al ejido y detonaron sus armas. Más tarde, en otra zona, asesinaron a los ejidatarios Noemí Elizabeth López Gutiérrez y a Raúl Ibarra de la Paz. Dejaron mensajes contra el resto de los campesinos. La segunda incursión fue en 2020, atacaron a balazos a los campesinos. Murió uno de ellos y desaparecieron a su pareja. Estos asesinatos siguen impunes.
Durante 13 años Fresnillo Plc ha desacatado las sentencias que emanaron del Tribunal Agrario No. 28 en Hermosillo, Sonora. Ahí se ganaron 67 juicios en favor del ejido El Bajío. Minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo, usurpó sus terrenos en 2004. Abrieron una mina a cielo abierto que denominaron Dipolos. Destruyeron miles de hectáreas del territorio ejidal pero las 67 familias ejidatarias que interpusieron las demandas, ganaron contra Fresnillo. La minera fue desalojada por orden judicial.
El consorcio Industrias Peñoles anuncia en su página oficial que la mina Soledad Dipolos les pertenece pero que está en suspensión por orden judicial. Pretende hacer creer a sus accionistas que aún está en litigio, pero miente. Las sentencias son irrevocables y, además, debe pagar el equivalente al oro que sacó del territorio ejidal y restituir el sistema ecológico que destruyó. Se trata de cientos de millones de dólares que no registra como deuda.
El abogado de las familias ejidatarias de El Bajío, Sergio García lo explica así “Antes de cumplir con la ley, prefieren robar de nuevo el territorio, ahora con el respaldo del crimen organizado”. Octavio Alvidres, ejecutivo de Fresnillo se ha aliado con “el Monki personaje ligado al grupo civil armado y jefe de plaza en Caborca, Sonora… y el empresario Samuel Fraijo Flores (ellos) están detrás del ataque contra los ejidatarios”. Asimismo, explica cuál ha sido el papel de Napoleón Gómez Urrutia en el acoso constante a El bajío. https://tatyisavi.com/2026/07/el-bajio-bajo-asedio-minera-fresnillo-plc-ignora-67-sentencias-a-favor-de-ejidatarios/
Peñoles, monopolio acaparador y especulador, precisa acumular territorios y ofrecer a sus accionistas la garantía de que ahí donde se agota una mina a cielo abierto por la disminución del “cuerpo diseminado”, esto es, la menor cantidad de metal esparcido en pequeñas partículas en una tonelada de tierra habrá nuevos espacios de extracción. Peñoles compró una empresa minera en Quebec, Canadá y adquirió miles de hectáreas concesionadas en Chile y Perú. Absorbe territorios para mantener contentos a sus inversionistas. Por eso se niegan a acatar la ley en México.
El ejido El Bajío está al lado de su principal mina exportadora de oro, La Herradura. Las ganancias que devienen de su acumulación territorial y el ensanchamiento de terrenos destruidos para sacar unos pocos gramos de oro por tonelada valen más que la vida de un territorio. Peñoles reporta en su informe anual 2025 que su producción de oro, plata, zinc y plomo disminuyó. No obstante, sus ganancias netas aumentaron en 400%. Ese año los favoreció el alto precio de los metales, pero sin extracción/destrucción en aumento sus ganancias no podrán correr la misma suerte.
La producción anual de oro de Peñoles disminuyo un 5.7% con respecto a 2024. La extracción de plata cayó 11.6%, el plomo y el zinc bajaron 5% y 7.6%, respectivamente. En todos los casos el monopolio indica que estas bajas en la extracción obedecieron a la disminución de los cuerpos diseminados y a una huelga que duró 6 meses en la mina Tizapa. Estos hechos ahuyentan a sus tenedores de acciones.
Los directivos de Peñoles y el magnate Alejandro Bailléres, su dueño, no aceptan que no podrán entrar al territorio del Desierto Sonorense que le pertenece a los ejidatarios y que desde noviembre del 2023, es un Área de Conservación Voluntariamente Protegida por los campesinos. Que lo será por los próximos 15 años, con posibilidad de renovación y que la minera hambrienta de territorios no podrá sacar de ahí nada.
Peñoles, el latifundista, cree tener derechos infinitos sobre la tierra. Ha desplegado su mentalidad colonialista con quienes le resisten, pero su posición en el mercado de los metales está debilitada. Cada vez le será más difícil ocupar territorios.
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