La asociación del Poder Judicial señala que la propuesta del Ejecutivo permitiría control político y abriría espacio a sanciones
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)advirtió este 28 de julio que la propuesta de Claudia Sheinbaum para regular derechos de las audiencias en radio y televisión vulnera la libertad de expresión y abre la puerta a la censura.
En su comunicado, la JUFED sostuvo que intervenir en pautas editoriales y operativas de los medios constituye una extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6 de la Constitución.
El nuevo proceso regulatorio inició el pasado 27 de julio y convoca a concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sustituyó al IFT y recibirá observaciones sobre una propuesta que, de acuerdo con el Gobierno federal, busca fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz y establecer mecanismos de protección para la ciudadanía.
La JUFED sostuvo que someter la labor informativa a criterios gubernamentales desincentiva el periodismo de investigación, fomenta la autocensura y puede convertirse en control político. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para la JUFED, someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno desincentiva el periodismo de investigación, fomenta la autocensura y debilita el equilibrio de poderes. En el comunicado, la asociación señaló que la regulación informativa podría convertirse en un instrumento de fiscalización y control político.
La organización sostuvo que existe una inconsistencia institucional en cualquier intento de fijar controles sobre emisiones periodísticas y de análisis, porque la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa. Desde esa lectura, cualquier incidencia unilateral sobre contenidos en medios electrónicos invadiría una esfera que debe mantenerse independiente y sujeta a la ley.
La agrupación agregó que los contrapesos constitucionales e institucionales han evitado durante décadas que el ejercicio periodístico quede al arbitrio del poder en turno. Bajo ese argumento, afirmó que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes.
La propuesta exige diferenciar con claridad noticias, opinión y publicidad, además de incluir accesibilidad para personas con discapacidad y garantizar el derecho de réplica. (Presidencia)
Los nuevos lineamientos plantean que las estaciones de radio y televisión refuercen sus mecanismos internos para garantizar los derechos de las audiencias. Entre los cambios previstos están la obligación de contar con un código de ética, nombrar una persona defensora de las audiencias y abrir procedimientos para recibir y resolver quejas cuando usuarios consideren vulnerados sus derechos.
Esta propuesta también exige diferenciar con claridad la información noticiosa, la opinión y la publicidad. Añade medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y la garantía del derecho de réplica.
Ese esquema hoy aplica solo a radio y televisión. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que más adelante podría analizarse si la regulación debe abarcar también a la prensa escrita y las plataformas digitales, un tema que quedaría sujeto a discusión social.
La respuesta directa a la discusión abierta por el Gobierno es esta: los lineamientos crearían obligaciones internas para los concesionarios y permitirían la intervención de la CRT cuando no se atiendan resoluciones, con sanciones en los casos previstos por la regulación.
La CIRT informó que participará en la consulta con más de 1 mil 200 estaciones y pidió ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la presentación de los lineamientos, Sheinbaum aseguró que la intención no es censurar contenidos, sino fortalecer el derecho a la información y evitar que las audiencias confundan hechos, opiniones o publicidad.
La mandataria dijo que no se busca sancionar de manera automática a los medios y que las multas serían el último recurso tras determinarse incumplimientos.
Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia, afirmó que la propuesta pretende definir con mayor precisión conceptos ya previstos en la legislación. Su argumento es que esa precisión evitaría interpretaciones ambiguas y trazaría una ruta clara para hacer efectivos los derechos de las audiencias.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que participará en la consulta pública con sus más de 1 mil 200 estaciones afiliadas. La organización respaldó el objetivo de proteger a las audiencias, pero advirtió que algunos apartados requieren ajustes para evitar riesgos a la libertad de expresión.
En el mismo sentido, organizaciones como Artículo 19 han planteado que el diseño institucional de la comisión reguladora debe garantizar independencia e imparcialidad. Su preocupación es que la supervisión de contenidos derive en mecanismos de censura.
