Washington sostiene que la relación entre el crimen organizado y el Gobierno en México es indisoluble, mientras Sheinbaum exige respeto a la soberanía y coordinación sin sometimiento
Luis Doncel y Zedrik Raziel
Ya han caído las dos piezas de caza mayor. Pero Washington no se conforma. Las cadenas perpetuas para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada -confirmada esta última el lunes por un tribunal de Nueva York- que ambos cumplirán en centros de Estados Unidos no suponen el final del camino de la lucha contra el narcotráfico en México y sus conexiones con políticos corruptos. Son, acaso, un hito sobre el que la Administración de Donald Trump quiere seguir avanzando. Así lo dejó claro el lunes Terrance Cole, director de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) frente al juzgado de Brooklyn que minutos antes había sentenciado a Zambada a pasar el resto de sus 76 años entre rejas, así como al decomiso de 15.000 millones de dólares para resarcir a las víctimas de décadas de contrabando de cocaína, heroína y fentanilo.
“Si trafican con drogas letales, se lucran con el sufrimiento ajeno y amenazan a nuestras comunidades, la DEA irá por ustedes. Ya sean narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA irá por ustedes. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado”, lanzó Cole.
El aviso no deja lugar a dudas. Y amenaza con calentar aún más las ya tensas relaciones entre los dos vecinos. Cole habló poco después de que se confirmara lo que ya todo el mundo sabía: que El Mayo iba a ser condenado a cadena perpetua después de que reconociera su culpabilidad en agosto del año pasado para escapar de la pena de muerte.
De poco sirvieron las disculpas que el sanguinario exjefe del Cartel de Sinaloa había expresado antes en una carta leída en español. El juez Brian Cogan dijo que no le quedaba otra opción que imponer una condena de cárcel de por vida a Zambada, pero que aunque no fuera así, ese era el castigo que le parecía más justo. “El casi inimaginable volumen del tráfico de drogas que se le puede atribuir y el número de asesinatos que podemos documentar basta para justificar la decisión del Congreso de hacer obligatoria la imposición de la cadena perpetua”, justificó el juez.
Pero después, en las puertas del juzgado, el jefe de la DEA fue mucho más allá. Con su discurso de guerra total contra el narcotráfico, vino a decir que poco importa el resquemor que ha despertado en México la extensión a su territorio de operaciones realizadas por agencias estadounidenses. Como la detención del Mayo, que al principio no reconocieron como propia las autoridades estadounidenses pero de la que ya existen pocas dudas.
“El Mayo utilizó el soborno, la influencia y la intimidación para proteger al cartel de la justicia, tanto dentro como fuera de México. El cartel continúa corrompiendo instituciones y eludiendo la ley para su propia justicia”, afirmó Cole en una improvisada intervención a los pies del tribunal del distrito este de Nueva York. “Esta sentencia no es el final, es solo el comienzo, una advertencia para todos los líderes de carteles, organizaciones criminales internacionales y terroristas extranjeros”.
Ariete contra Sheinbaum
La afirmación de que El Mayo y su organización criminal han pagado sobornos a autoridades para asegurar sus actividades delictivas podría parecer una obviedad. No sería el primer ni el último cartel en necesitar de funcionarios públicos corruptos. Sin embargo, en la actualidad, la acusación adquiere otro peso, con la Administración de Trump usando el asunto de la “narcopolítica” como ariete para atacar al Gobierno de Claudia Sheinbaum y justificar las incursiones de sus agencias más allá de sus fronteras, que México ha denunciado como violaciones a su soberanía.
La presidenta Sheinbaum ha defendido que los dos países deben hacerse cargo del fenómeno del narcotráfico de manera compartida, habida cuenta de que los carteles cumplen con la demanda de los consumidores estadounidenses, sin contar las redes criminales (también con funcionarios corruptos) que operan en ese país al norte de la frontera y hacen posible la distribución.
Quizá el mayor golpe de Estados Unidos a la política mexicana vino con la acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de presuntamente haber colaborado con el cartel del Mayo y El Chapo. Luego vinieron filtraciones a la prensa de que Washington también tenía en la mira a los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Una gobernadora más, Marina del Pilar Ávila, fue grabada hablando con supuestos funcionarios de Estados Unidos y ofreciéndoles colaborar con información privilegiada.
Desde el oficialismo mexicano se ha advertido que esos señalamientos carecen de pruebas y son más bien maniobras políticas, impulsadas por la derecha internacional, que buscan menoscabar la autoridad de Morena, el partido gobernante, y propiciar la llegada a la presidencia de gobernantes dóciles a la agenda de Washington. Sheinbaum considera que la soberanía mexicana está en riesgo y ha llamado a su Gobierno a cerrar filas en ese sentido. Las acusaciones a los gobernadores, sin embargo, hacen flaco favor a esa defensa. Mientras el oficialismo busca la amenaza exterior, podría tener al enemigo en casa.
