El Gobierno trata de contener el repunte con un nuevo acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos y un plan nacional contra la enfermedad
Lorraine Manishatse
M.K. tiene 21 años y no le tiene miedo al VIH. “Sí, el sida es incurable, pero se puede vivir con él”, dice el estudiante universitario de Bujumbura, la capital de Burundi. Su confianza tiene una explicación: durante años, el país africano ha sido un referente en la lucha contra la enfermedad y había logrado disminuir las nuevas infecciones en más de un 80% entre 2000 y 2024. Pero ahora, tras años de avances constantes, Burundi se enfrenta a los recortes de cooperación en salud global y a un preocupante aumento de nuevas infecciones por el VIH, especialmente entre los jóvenes. La proporción de personas que dan positivo en las pruebas de detección se ha duplicado: pasó del 9% al 18% entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, según datos del Ministerio de Sanidad del país.
Las autoridades sanitarias y los activistas advierten de que la disminución de los esfuerzos de prevención y la reducción de la financiación internacional están debilitando la respuesta del país, lo que hace temer un retroceso silencioso en la lucha contra el sida en uno de los países más pobres del mundo.
El reciente informe del ministerio muestra un fuerte aumento de las nuevas infecciones y un número creciente de pacientes que interrumpen el seguimiento médico. Los jóvenes de entre 14 y 25 años representan el 35% de los nuevos casos, mientras que la prevalencia sigue siendo elevada entre las poblaciones clave, incluidas las personas en situación de prostitución (31%) y quienes consumen drogas por vía intravenosa (más del 10%).
Al mismo tiempo, ha disminuido la proporción de pacientes en terapia antirretroviral que alcanzan una carga viral indetectable —lo que significa que ya no pueden transmitir el VIH por vía sexual—, que ha pasado del 97% al 94%. “Estas cifras muestran claramente que la transmisión del VIH va en aumento, especialmente entre los jóvenes”, ha reconocido Lydwine Baradahana, la ministra de Sanidad.
Los jóvenes de entre 14 y 25 años representan el 35% de los nuevos casos
Este repunte de las infecciones y el deterioro de algunos indicadores clave marcan un cambio de tendencia tras dos décadas de avances constantes que habían situado a Burundi entre los países con mejores resultados de la región de África Central. En 2024, el Programa Nacional de Lucha contra el Sida (PNLS) informó de que el país había alcanzado los objetivos 90-90-90 de OnuSida: el 96,5% de las personas con VIH conocían su estado serológico; de ellas, el 99,9% recibían tratamiento antirretroviral; y de estas, el 94,6% tenían carga viral indetectable.
Para Jeanne Gapiya, representante legal de la Asociación Nacional de Burundi de Apoyo a las Personas que Viven con el VIH y a los Pacientes con Sida (ANSS), el repunte actual está ligado a la caída de la financiación. Uno de los mayores impactos procede de la suspensión de la ayuda estadounidense, canalizada en gran parte a través del Centro Internacional para los Programas de Atención y Tratamiento del Sida (ICAP), que llegó a cubrir alrededor del 70% de la respuesta al VIH en el país.
OnuSida calcula que el déficit inmediato por los recortes de Estados Unidos fue de 6,4 millones de dólares (5,6 millones de euros). Con esos fondos, se cubrían pruebas rápidas, antirretrovirales y medicamentos esenciales para infecciones oportunistas, aquellas que generalmente no afectan a las personas con un sistema inmunitario sano, pero que en pacientes con VIH pueden causar enfermedades graves.
Para hacer frente a este vacío financiero, Burundi y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de salud global, la nueva modalidad de ayuda exterior que maneja la administración de Donald Trump. El acuerdo está valorado en aproximadamente 156 millones de dólares (137 millones de euros) para un periodo de cinco años, con el objetivo de atender no solo el VIH, sino también la malaria y otras enfermedades. Kaze Colin, director del PNLS, asegura que el Gobierno de Burundi ya ha recibido una subvención inicial de 30 millones de dólares para reforzar los servicios de atención, tratamiento y apoyo. Añade que las autoridades trabajan en un plan operativo para identificar prioridades y garantizar un uso eficaz de los fondos.
Los problemas estructurales
Más allá de la financiación, Gapiya señala un problema de fondo. “Burundi se ha centrado en gran medida en el tratamiento de los pacientes, a veces en detrimento de la prevención”, explica. Su advertencia es clara: “El VIH sigue aquí; y está volviendo con fuerza”.
Las consecuencias son visibles sobre el terreno. Akissa Akimana, de 23 años, dirige ungrupo que apoya a los jóvenes que viven con el VIH, pero la iniciativa lleva suspendida desde febrero de 2025 por falta de recursos. “Para muchos de nosotros era como una familia”, afirma. La joven, portadora de VIH, reside en Kanyosha, al sur de Bujumbura, donde trabajaba con otros pacientes. “Compartíamos experiencias, nos apoyábamos económicamente y sensibilizábamos sobre cómo proteger a los demás”.
Sin esos espacios, advierte, la desinformación se extiende sin control. “Los jóvenes no se dan cuenta de los sacrificios que conlleva vivir con VIH”, explica. “Nos enfrentamos a efectos secundarios y, a menudo, ni siquiera contamos con las condiciones adecuadas para seguir el tratamiento. Pero ellos ya no lo saben, porque ya no tenemos oportunidades de compartir nuestras realidades”.
Para muchas personas que viven con VIH en Burundi, el principal reto ya no es acceder al tratamiento, sino mantenerlo. Algunos pacientes afirman llevar casi un año sin poder tomar Bactrim, un medicamento esencial para prevenir las infecciones oportunistas. “Se supone que debo tomarlo como parte de mi tratamiento, pero llevo más de un año teniendo que comprarlo por mi cuenta”, dice C.M., residente del norte de la capital. “No tengo medios para pagarlo. Mi cuerpo sigue débil y vulnerable; hasta la gripe me afecta mucho”.
Incluso allí donde los medicamentos antirretrovirales siguen estando disponibles, persisten otras barreras. “Las personas que los toman necesitan una nutrición adecuada”, afirma Jocelyne Nahimana, madre de tres hijos que vive en Buterere. “Antes recibíamos ayuda alimentaria, pero eso se ha interrumpido debido a la falta de fondos. A veces, me salto la medicación si no tengo nada que comer”. Sin una nutrición adecuada, la adherencia al tratamiento se vuelve irregular, lo que socava su efectividad y aumenta los riesgos para la salud.
Se supone que debo tomar [Bactrim] como parte de mi tratamiento, pero llevo más de un año teniendo que comprarlo por mi cuenta. No tengo medios para pagarlo. Mi cuerpo sigue débil y vulnerableC. M., paciente de VIH
Las autoridades sanitarias reconocen estas deficiencias. El director del PNLS explica que el estigma sigue alejando a algunos pacientes de los centros de salud. Para adaptarse, muchos recurren a sistemas de dispensación para varios meses, en los que un miembro de un grupo comunitario recoge los medicamentos para todos. Aunque este modelo mejora el acceso, conlleva algunas desventajas. “Los pacientes que reciben tratamiento de esta manera a menudo no se someten a un control periódico de la carga viral”, señala Colin.
Pero las dificultades para controlar la epidemia no se limitan al seguimiento de las personas ya diagnosticadas. Los datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR) revelan niveles persistentemente altos de actividad sexual sin protección entre los adolescentes. Solo en 2024, se registraron más de 63.000 consultas y partos entre chicas de entre 15 y 19 años, en una población de unos 14 millones de habitantes. “Esto refleja que se mantienen relaciones sexuales sin protección”, explica Colin. “Algunas chicas se quedan embarazadas sin acudir a las consultas prenatales, mientras que otras mantienen relaciones sexuales sin quedarse embarazadas, pero exponiéndose igualmente a contraer infecciones”, añade. Por ello, considera que las “campañas de sensibilización” son un instrumento clave en la lucha contra el VIH.
El Ministerio de Salud ha emitido recientemente una nueva directiva para reforzar las campañas de sensibilización, promover las autopruebas del VIH y mejorar la adherencia al tratamiento y el control de la carga viral. Colin destaca que la norma introduce nuevas herramientas biomédicas, como un antirretroviral inyectable de acción prolongada y el anillo vaginal de dapivirina, adaptadas a las poblaciones clave y a las mujeres con mayor riesgo.
Las autoridades confían en que el acuerdo bilateral firmado con EE UU desempeñe un papel clave en la ejecución de la nueva directiva. Pero la sostenibilidad de estos esfuerzos sigue siendo incierta en un contexto de creciente presión sobre la financiación internacional destinada al VIH. “Si estas responsabilidades recaen exclusivamente en el Gobierno, la situación podría empeorar”, advierte Colin, quien defiende una mayor implicación de las comunidades, las autoridades y los socios internacionales para garantizar la continuidad de la respuesta.
“Dadas las tendencias mundiales, la financiación extranjera no siempre estará garantizada”, señala. Y zanja: “Por eso es importante reforzar la capacidad del país para sostener estos programas a largo plazo”.
