La madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos, ve una oportunidad para que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, investigue a los altos funcionarios políticos y dueños que permanecen intocados.
Redacción / Astillero Informa
En una entrevista concedida esta tarde al espacio informativo de Julio Astillero en YouTube, Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso —uno de los pequeños que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC hace 17 años—, reaccionó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró imprescriptibles los delitos cometidos en dicha tragedia.
Si bien reconoció el valor de la decisión judicial, Duarte fue contundente respecto al actuar histórico de las autoridades: “No ha habido justicia. Lo que ha llegado, ha llegado tarde y pues justicia tardía es igual a justicia negada”.
La activista calificó el fallo del máximo tribunal como un “gran precedente” que abre una vía legal para terminar con la impunidad de figuras del ámbito político y empresarial en Sonora que nunca rindieron cuentas ante la ley. Afirmó que la resolución representa una puerta de acceso directo para las instituciones de procuración de justicia del país:
“Está dejando abierta una puerta la corte para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación a todas esas personas que en su momento no fueron investigadas, mucho menos procesadas y sentenciadas por la muerte de nuestras hijas e hijos, [para que] abra una investigación sobre esos personajes que no fueron tocados en el 2010”.
Al rememorar las actuaciones judiciales del año 2010, la madre de familia criticó la falta de firmeza de la entonces Procuraduría General de la República y de la propia Corte para sancionar a las cadenas de mando estatales y federales de la época.
“Les tembló la mano para tocar a Eduardo Bours, para tocar a altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de aquí también del estado”.
Duarte enumeró las deficiencias del sistema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Recordó que, de acuerdo con los propios peritajes de la comisión investigadora de la SCJN, únicamente el 2% de las casi 100 guarderías subrogadas en el país cumplían con la normativa de protección civil, o que convirtió la seguridad infantil en un negocio. El caso, apuntó, no se detendrá en el ámbito nacional, ya que las familias buscan llevar el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a la infancia de la región frente a los modelos de privatización de la seguridad social.
Finalmente, reiteró que la persistencia del movimiento de los padres dolientes no solo busca una sanción retrospectiva, sino una transformación estructural en el esquema de cuidados del Estado mexicano:
“No hemos desistido de lograr justicia porque esta justicia no es nada más para los que ya no están. […] De verdad que el cuidado y la educación inicial de nuestros hijos e hijas, de las y los trabajadores de México, no debe de estar en manos de gente que solamente busca hacer crecer sus cuentas bancarias”.
