El conflicto es consecuencia de la falta de cumplimiento de las promesas del gobierno al magisterio, aseguran
EL UNIVERSAL
En 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de los 88 mil 106 docentes reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos señalado este martes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Apenas esta semana, el secretario general de la Sección 9 de la Coordinadora, Pedro Hernández, señaló que en una mesa de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora con funcionarios federales le exigieron a Delgado Carrillo que emitiera un documento que les garantice que no habría “represión de carácter administrativo” en su contra.
Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el costo del desperdicio, en dichos de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), es muy alto.
“Si los maestros ganan 20 mil pesos mensuales en promedio, entonces cada maestro gana 666 pesos diarios, y reportan 88 mil 106 maestros en paro; estamos hablando de 58 millones 678 mil pesos diarios desperdiciados cada día que están en paro”, destaca.
Señala que el costo acumulado de la nómina durante el paro de la CNTE equivale a alrededor de 150% de los 284 millones de pesos que el gobierno federal destinó en 2026 a la formación continua y actualización de todos los docentes del país, lo que permite dimensionar la magnitud del impacto económico generado por la suspensión de actividades.
“En 10 días de paro ya estamos hablando de 586 millones de pesos dilapidados en nómina que no sirvieron en absoluto”, comenta.
Hasta el momento, la SEP no ha anunciado descuentos o penalizaciones económicas para los maestros movilizados tanto en la Ciudad de México como en varios estados del país.
En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional que correspondería a cada estado definir si hay descuentos a los maestros en paro indefinido desde el 1 de junio pasado.
Gobiernos estatales no aplicarán sanciones
Diversos gobiernos estatales han descartado la aplicación de descuentos salariales a los docentes que participan en el paro de la CNTE, entre los que se encuentran Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, cuyas autoridades educativas han señalado que no se contemplan sanciones económicas para los maestros movilizados.
En Michoacán, aunque la Secretaría de Educación estatal no ha emitido un anuncio formal sobre descuentos, la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar, sostuvo una postura de respeto hacia las acciones del magisterio y evitó advertir medidas de carácter salarial contra los participantes en la protesta.
Estos estados concentran, además, la mayor parte de las escuelas y alumnos afectados por la huelga del sector magisterial.
La Ley General de Educación no contempla expresamente descuentos salariales a docentes que participen en paros. Sin embargo, su artículo 88 establece que la suspensión de clases sólo puede ser autorizada por la autoridad educativa competente, por lo que los gobiernos estatales pueden aplicar descuentos por inasistencias con base en la normatividad laboral y administrativa vigente.
A decir del exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño, la negativa de las autoridades a aplicar descuentos o sanciones administrativas a los maestros refleja una renuncia del Estado a ejercer sus atribuciones para garantizar el derecho a la educación.
“Están dejando a un millón 400 mil niños sin clases y eso evidentemente no puede ser”, comenta, al tiempo que menciona que durante la vigencia de la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto las faltas injustificadas implicaban descuentos salariales y, en ciertos casos, la separación del servicio.
Nuño Mayer señala que aunque la normatividad fue modificada posteriormente, la eliminación de esos mecanismos representó una concesión al magisterio disidente. “Cuando la autoridad no ejerce la ley o modifica la ley, lo que está haciendo es desproteger a las niñas y a los niños y su derecho a la educación”, dice.
Comenta que los 480 millones de pesos que según las estimaciones se han destinado al pago de salarios durante el paro podrían utilizarse para fortalecer programas educativos que han sufrido recortes presupuestales en los últimos años, como la formación y capacitación docentes.
“Estamos en el mundo al revés. El gobierno está subsidiando que los maestros dejen a un millón 400 mil niños sin clases y al mismo tiempo ha reducido de manera drástica recursos para programas educativos”, afirma.
El exfuncionario federal agrega que la solución de fondo pasa por recuperar mecanismos que garanticen la continuidad de las clases y eviten que los sindicatos mantengan el control sobre aspectos clave del sistema educativo.
Promesas incumplidad de la 4T, causa del paro
Para Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional y fundadora de Educación con Rumbo, el conflicto es consecuencia de promesas incumplidas por parte de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación hacia la CNTE.
“Las promesas hechas a la Coordinadora hoy no sólo tienen en vilo a la capital del país, sino que afectan el cierre del ciclo escolar en al menos 10 entidades federativas, precisamente algunas de las que registran mayores rezagos educativos”, señala.
La activista cuestiona además la ausencia de consecuencias administrativas para quienes suspenden actividades escolares y advierte que el conflicto se ha agravado por la falta de acuerdos previos entre el gobierno federal y la organización magisterial.
“La negociación llega en un momento de máxima presión, a unas horas de la inauguración del Mundial, lo que deja a la CNTE en una posición de ventaja frente al gobierno”, sostiene.
Amozurrutia afirma que el caso refleja un patrón recurrente de la actual administración. “Es un sello característico de la 4T: prometer, pero no generar los acuerdos, las políticas ni los presupuestos para cumplir”, agrega,
Y advierte que el paro magisterial forma parte de una serie de conflictos que el gobierno federal mantiene abiertos. “Al final esto ya no es sólo la Coordinadora, es Pemex, son las madres buscadoras, es Ayotzinapa, es un cúmulo de crisis no resueltas que buscan que, ante la mirada del mundo, el gobierno tome en serio estas problemáticas”, remata.
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