A ocho días de que inicie la Copa del Mundo 2026, nuestro coanfitrión, Estados Unidos, ha tirado una patada bajo la mesa: fuentes cercanas al círculo rojo del presidente Donald Trump han contado a los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum del diario LA Times que otros dos gobernadores mexicanos han perdido sus visas por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Se trata de los morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Cada uno representa un golpe distinto para el oficialismo.
Hay que decir que la acusación es verosímil. Sus nombres suenan desde hace tiempo como los siguientes “desvisados”. En el pasado, Steve Fisher publicó que a Rubén Rocha Moya, hoy gobernador defenestrado con licencia en Sinaloa, le había retirado se mismo documento por las sospechas en Washington de su colusión con el Cártel de Sinaloa. El equipo de Comunicación Social del exrector salió presuroso a negar la información… sólo para ver horas después que el gobierno estadounidense solicitaba formalmente la detención de Rocha Moya con fines de extradición por su supuesta cooperación con Los Chapitos. Un jurado en Nueva York había visto pruebas razonables de la eventual alianza criminal del político mexicano.
Esta vez, el guion parece ser el mismo. Fisher y Linthicum publican que los mandatarios de Sonora y Tamaulipas están en el paso anterior que acabó con la carrera política de Rocha Moya y que hoy tiene a la presidenta Claudia Sheinbuam en una tensa relación con la Casa Blanca. Cada equipo de ambos gobernadores ha refutado la exclusiva del LA Times. Y ahora sólo queda esperar: ¿otra vez se estrellarán los desmentidos con una acusación formal en una corte judicial de Estados Unidos?
Sea como sea, la patada ya caló en la espinilla. Las fuentes del diario estadounidense han logrado el objetivo: que se sepa quiénes son los otros cercanos a Palacio Nacional que podrían caer, si México no cumple la demanda de entregar a Rocha Moya y si Washington percibe el discurso presidencial de hace tres días en el Monumento a la Revolución como un acto de protección a la narcopolítica y no de defensa de la soberanía.
La acusación más grave, por lo que significa para el morenismo, es contra Alfonso Durazo, quien ocupó el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata del arquitecto de la estrategia “abrazos, no balazos” y quien debía perseguir al crimen organizado, no impulsar sus actividades más allá del Río Bravo. Su vinculación con el crimen organizado reavivaría los fantasmas de otro exsecretario de Seguridad Pública federal en desgracia y quien por años fue el símbolo de la descomposición de la vida pública: Genaro García Luna, mano derecha del exmandatario Felipe Calderón, sentenciado en Estados Unidos por sus tratos con el Cártel de Sinaloa.
Si Durazo cae, será inevitable llamarle “el García Luna de la 4T” por sus responsabilidades al frente de la seguridad del país. Tras dos años en el cargo, Durazo dejó el puesto de secretario de Estado para competir por la gubernatura en Sonora. Desde su llegada al poder estatal, siete grupos criminales han consolidado el régimen criminal en el estado, incluyendo a Los Chapitos, de acuerdo con el análisis del académico Victor Manuel Sánchez.
Y el segundo es Américo Villarreal. Amigo personal del expresidente López Obrador, leal a la causa de la 4T y coordinador de la campaña electoral que llevó a la gubernatura sinaloense a Rubén Rocha Moya a cambio de supuestos apoyos para los hijos del “Chapo” Guzmán. El veterano de la política en el norte del país que, según las investigaciones en Estados Unidos, habría usado dinero del huachicol fiscal para empujar a Morena a un triunfo histórico de la izquierda en Tamaulipas.
Las investigaciones contra el mandatario tamaulipeco quieren demostrar que empresarios corruptos y políticos sucios se aliaron con el crimen organizado para entablar un trato inconfesable: a cambio de apoyos para asegurar el triunfo de Morena en estados y municipios, el nuevo régimen les garantizaría inmunidad e impunidad. Ese acuerdo habría empoderado a grupos criminales como el Cártel del Golfo, que hoy opera en el sur de Texas y desfalca a empresas petroleras estadounidenses.
El camino está trazado. Los símbolos están puestos sobre la mesa. Cada perfil está elegido meticulosamente para tocar las fibras más sensibles del morenismo. A unas horas de que ruede el balón en el Estadio Azteca, Estados Unidos vuelve a tirar una patada.
