Loreto pasó de una actualización administrativa a un conflicto ambiental nacional por el temor de que el aumento del tráfico marítimo afectara a las ballenas y al Parque Nacional Bahía de Loreto
INFOBAE
El Puerto de Loreto, en Baja California Sur, se ha convertido en el epicentro de un debate nacional que enfrenta la modernización administrativa con la conservación ecológica.
Lo que inició como un trámite para corregir dos décadas de rezago legal terminó en la abrogación de un decreto presidencial y la creación de una mesa de trabajo ciudadana para proteger el santuario de las ballenas.
A continuación, presentamos el desglose cronológico de los hechos que marcaron este caso, basado en la documentación oficial y reportes del sector.
El origen de la irregularidad (2006-2024)
La problemática no es reciente. Según los informes de la Secretaría de Marina (SEMAR), desde el año 2006, el Puerto de Loreto operaba en una condición irregular. A pesar de estar habilitado legalmente solo como puerto de cabotaje (para navegación nacional), la terminal recibía de facto embarcaciones de navegación de altura (internacionales), como yates y cruceros, sin un marco jurídico que lo respaldara plenamente.
La solicitud de cambio (20 de mayo de 2024)
Ante el crecimiento del turismo y la necesidad de dar certeza jurídica a las operaciones, el 20 de mayo de 2024, el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Administración Portuaria Integral (API BCS), solicitó formalmente a la SEMAR elevar la categoría de Loreto a Puerto de Altura.
El objetivo declarado era impulsar el desarrollo económico regional y cumplir con normativas internacionales de navegación.
El Decreto del 10 de abril de 2026
Tras casi dos años de gestiones, el 10 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que habilitaba formalmente a Loreto como Puerto de Altura y Cabotaje.
Este documento no solo cambiaba su estatus, sino que actualizaba su ubicación mediante georreferenciación tecnológica (coordenadas UTM WGS84), argumentando que el puerto ya funcionaba como un “destino de influencia” en la ruta del Pacífico hacia Estados Unidos y Canadá.
La reacción social y la postura presidencial (mayo de 2026)
La publicación del decreto generó una rápida movilización social y digital. Ciudadanos y activistas expresaron su temor de que la nueva categoría atrajera un tráfico masivo de barcos que pusiera en peligro el ecosistema marino, específicamente a las ballenas.
La organización internacional Avaaz lanzó una campaña dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exigir la protección del Golfo de California ante los riesgos ambientales asociados al proyecto energético Saguaro. La petición advierte que las ballenas y otras especies marinas “están en grave peligro” por el posible tránsito de grandes buques metaneros en la región.
De acuerdo con la campaña, el Golfo de California —conocido como “el acuario del mundo”— alberga más de 16 especies de ballenas y delfines, entre ellas la ballena azul, la yubarta y la vaquita marina. Los promotores sostienen que el ecosistema enfrenta amenazas por proyectos vinculados a la industria de combustibles fósiles, particularmente el transporte de gas natural licuado desde Estados Unidos hacia Asia.
La petición también fue dirigida a ciudadanos y autoridades de Estados Unidos, y señala que el proyecto contempla el traslado de gas metano mediante megabuques a través del Golfo de California. Activistas y organizaciones ambientales argumentan que el aumento del tráfico marítimo podría provocar contaminación acústica, colisiones con cetáceos y afectaciones irreversibles a la biodiversidad marina.
El 22 de mayo, ante el descontento, se aclaró que el decreto buscaba únicamente una “actualización de un tema legal necesario” y no la conversión del puerto en un nodo para recibir a cientos de barcos. Se aseguró que el objetivo no era afectar la fauna marina y que la situación sería “corregida e informada adecuadamente” para evitar malentendidos.
La anulación y el nuevo camino (25 de mayo de 2026)
En un giro administrativo significativo, el 25 de mayo de 2026 se publicó un nuevo decreto en el DOF que abrogó (dejó sin efecto) el decreto del 10 de abril. Con esta acción, el gobierno detuvo la implementación de la categoría de Puerto de Altura bajo los términos anteriores.
En su lugar, el Artículo 2 del nuevo decreto ordenó la creación de una Mesa de Trabajo multidisciplinaria. Este organismo tiene la misión de elaborar una nueva propuesta de regulación que cumpla con dos requisitos estrictos:
- Ajustarse a la normativa ambiental vigente.
- Garantizar la protección del Parque Nacional Bahía de Loreto.
Un modelo de gobernanza participativa
La nueva Mesa de Trabajo destaca por su integración: contará con representantes de las secretarías de Gobernación, Marina, SEMARNAT y Turismo, además de la CONANP.
Sin embargo, la pieza clave es la inclusión de siete ciudadanos y expertos con trayectoria en la defensa del parque nacional, asegurando que cualquier decisión futura sobre el puerto cuente con el aval técnico, social y científico necesario para proteger el patrimonio natural de Baja California Sur.
ENLACE: Puerto de Loreto: así se frenó el decreto que ponía en riesgo ecosistema de ballenas | La Silla Rota
