CARLOS PUIG
Era el 15 de octubre de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum acababa de tomar posesión quince días antes.
Ese día, la Presidenta apareció con la presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, y la directora ejecutiva de la empresa México Pacific, Sarah Bairstow. La acompañan en la foto el secretario Marcelo Ebrard y el entonces presidente del CCE Francisco Cervantes; todos sonríen.
Así lo contó la oficina de prensa de la Presidencia: “Se anunciaron al menos cuatro inversiones importantes de alrededor de 20 mil millones de dólares en nuestro país para el año 2025”, agregó en conferencia de prensa posterior a la Cumbre de Alto Nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos. Se informó que las principales inversiones que llegarán a México en 2025 son las de Mexico Pacific, con 15 mil millones de dólares; Royal Caribbean Group, mil 500 millones de dólares; Amazon, seis mil millones de dólares; y Woodside Energy, 10 mil 400 millones de dólares, para el desarrollo de un depósito de combustibles de recursos fósiles que se realizará en Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Agregaba la Oficina de la Presidencia: “Celebró que dichos negocios se realizarán en diferentes partes del país, como es el caso de Quintana Roo, que recibirá en el puerto Mahahual la inversión de Royal Caribbean Group en materia turística”.
Hoy, seguramente quieren borrar aquel día, aquella reunión.
El proyecto Saguaro de Mexico Pacific está “suspendido” si no que terminado para siempre, cuando quedó claro que aquel desarrollo afectaría irremediablemente la vida marina del Golfo de California, sí, el acuario del mundo. Decisiones judiciales, falta de dinero y la presión de habitantes y grupos ambientalistas forzó al gobierno a hacer lo correcto.
En estos días el gobierno ha decidido echar para atrás el permiso para la inversión de Royal Caribbean en Mahahual. Bien. Habría que celebrarlo. ¿Qué hacemos con aquel anuncio y las sonrisas?
Ahora falta Loreto, en Baja California Sur.
El diez de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que modifica la condición del puerto para convertirlo en un puerto “de altura”. Es decir, uno donde lleguen grandes barcos, cruceros o de carga; lo que tendría las mismas consecuencias que hubiera tenido Saguaro o el proyecto de Quintana Roo sobre la vida marina. Ya hay movilizaciones, proyectos de impugnación legal que al menos yo espero funcionen.
Mi duda razonable de hoy es ¿Quién analiza estas cosas antes de anunciarlas?
