El exconsejero presidente del INE sostuvo que sí existieron denuncias por violencia e intimidación durante los comicios que llevaron a Rubén Rocha Moya a la gubernatura; afirmó que la elección fue validada porque las impugnaciones no llegaron al Tribunal Electoral federal.
Redacción AN / MDS
El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que sí existieron denuncias e indicios de violencia e intervención del crimen organizado durante las elecciones al gobierno de Sinaloa en 2021, en las que obtuvo el triunfo el morenista Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia y acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la elección fue validada y que “no hubo ninguna prueba” que fuese determinante para la anulación de los comicios.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Córdova señaló que la elección fue validada jurídicamente debido a que las impugnaciones no llegaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aseguró que la presidenta tiene razón al afirmar que la elección fue validada legalmente, pero cuestionó por qué las autoridades ministeriales no avanzaron en las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.
“Las elecciones de la calificación que hizo el Tribunal Electoral de Sinaloa de las elecciones de gobernador no fueron escaladas a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, explicó. Añadió que “al no impugnarse, se valida la decisión, se confirma la decisión de la instancia local”.
No obstante, afirmó que sí hubo irregularidades denunciadas durante el proceso electoral. “Que hubo irregularidades, las hubo”, sostuvo, al tiempo que indicó que los hechos “no fueron juzgados determinantes por las instancias correspondientes, que no el INE, como dijo la presidenta, y mucho menos un servidor, para anular esa elección”.
Córdova recordó que el Tribunal Electoral federal únicamente conoció impugnaciones relacionadas con multas por fiscalización, incluidas sanciones contra Morena. Precisó que el tribunal concluyó que no se actualizaban las hipótesis legales para anular la elección por rebase de gastos de campaña.
“La pregunta es por qué la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que tenía estas denuncias, que tenía el conocimiento de los hechos, pues no avanzó”, cuestionó. También recordó que esa fiscalía “en su momento le negó información al INE” y promovió litigios para impedir el acceso del organismo electoral a expedientes relacionados con otros casos relevantes, como Odebrecht y Pío López Obrador.
“Hubo irregularidades y sí se denunciaron”
Indicó que durante la jornada electoral se registraron incidentes en diversas casillas, principalmente en municipios del norte de Sinaloa como Guamúchil, Guasave y Los Mochis. “En varias casillas, se interrumpió la votación por la presencia de hombres armados”, dijo. Añadió que en algunos casos “se robaron el material electoral” y en otros “hubo un robo de casillas”.
“El INE tuvo conocimiento de muchos hechos ilegales, delitos electorales, constitutivos de delitos electorales”, sostuvo. También señaló que existen carpetas de investigación abiertas desde hace cinco años derivadas de esas denuncias y mencionó que conoce al menos cuatro carpetas de investigación”.
Se trata de la carpeta FED/SIN/MOCH/0000747/2021, iniciada el 6 de junio de 2021, relacionada con hechos ocurridos en las secciones 0283, 0284, 0285 y 0286, donde un grupo armado presuntamente amenazó a funcionarios de casilla para suspender la votación y cerrar los centros de votación.
También la carpeta FED/FEDE/FEDE-SIN/0000453/2021, abierta también el 6 de junio de 2021, por el presunto apoderamiento de urnas con boletas electorales en 18 casillas por parte de un grupo armado. A ello se suma la carpeta FED/SIN/MOCH/0000746/2021, relacionada con el presunto robo de documentación y materiales electorales en la casilla 0071B.
Además, existen otros expedientes iniciados a partir de denuncias del personal electoral, entre ellos el identificado como CEULA: B-V-4 FEDE, vinculado a la carpeta FED/FEDE/FEDE-SIN/0000875/2021.
“Son carpetas de investigación que se iniciaron a partir de denuncias del personal del INE […] y que durante cinco años, en fiscalías que si bien son autónomas, han estado, como se saben, muy vinculadas con el oficialismo, no se ha avanzado y no se ha llegado a ninguna conclusión”, dijo.
Explicó que los incidentes fueron reportados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIGE), mecanismo utilizado para dar seguimiento en tiempo real al desarrollo de los comicios y a las incidencias registradas en casillas.
De acuerdo con Córdova, esa información también fue incorporada en las impugnaciones promovidas contra la elección de gobernador de Sinaloa. “La elección de gobernador en la que resultó electo Rocha Moya fue impugnada por los partidos hoy de oposición”, afirmó.
Córdova explicó que el INE tuvo responsabilidades operativas durante la jornada electoral debido a que las elecciones federales y locales fueron concurrentes. Detalló que el instituto se encargó de instalar casillas, integrar mesas directivas, capacitar funcionarios y fiscalizar gastos, pero subrayó que la organización local quedaba posteriormente bajo responsabilidad de las autoridades electorales estatales.
“La elección que está siendo cuestionada con estas indagatorias, desde los Estados Unidos, es la elección de gobernador, es decir, una elección local que el INE organizó, pero hasta la noche de la elección, en donde dejó de tener toda responsabilidad”, señaló.
Tribunal de Sinaloa validó elección en “cuatro minutos y medio”
El exconsejero precisó que la validación de esa elección correspondió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y no al INE. Añadió que la resolución se aprobó “en una sesión que se supo duró cuatro minutos y medio”.
También mencionó que la magistrada que presentó el proyecto para validar la elección fue Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien figura entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses, junto con Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Córdova insistió en que los hechos relacionados con la violencia electoral en Sinaloa eran conocidos desde 2021 y rechazó que el INE hubiera omitido actuar. “Irregularidades hubo. El INE tuvo conocimiento de las mismas y las denunció penalmente”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre ese proceso electoral “están plagadas de falsedades” y afirmó que se pretende “escurrir el bulto de una responsabilidad que inevitablemente si hay que buscarla en algún lado, es en Morena, que es el partido que postuló a [Rubén] Rocha Moya”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusa al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, y señala que el grupo había intervenido a su favor en la elección de 2021.
“El 2021 fue un momento de quiebre”: Edmundo Jacobo
Por su parte, el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, afirmó que existió “un clima de violencia asociado al proceso electoral” y sostuvo que hubo actores políticos que decidieron no continuar con denuncias o impugnaciones debido a amenazas e intimidaciones. Según dijo, los hechos “pasaron más bien de amenazas a actos de intimidación o retención de personas antes y durante la jornada electoral”.
Jacobo Molina señaló que esos hechos fueron denunciados públicamente incluso por el entonces candidato opositor Mario Zamora, quien el día de la elección pidió la liberación de integrantes de su estructura electoral.
“Operadores directamente responsables, sobre todo del PRI, que era quien encabezaba la coalición que postulaba al candidato Zamora, fueron secuestrados días antes de la jornada y el mismo día de la jornada inhabilitados para hacer su trabajo de despliegue operativo”, explicó.
Recordó además que el entonces candidato declaró públicamente que no impugnaría la elección, pero pidió que las personas retenidas fueran liberadas. “No voy a impugnar, pero libérenlos”, resumió Jacobo sobre aquella declaración.
Rechazó que el tema de una posible intervención del crimen organizado en elecciones mexicanas haya surgido apenas ahora, tras las investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya. Aseguró que la violencia electoral se agravó en los comicios intermedios de 2021. “El 2021 fue un momento de quiebre en donde ya se vio la injerencia”, declaró.
Sostuvo que diversas entidades del país registraron señales de intervención criminal durante esos comicios, particularmente en estados de la costa del Pacífico y otras regiones. También subrayó que el INE carece de facultades para enfrentar directamente a grupos criminales.
“A la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, le toca organizar las elecciones. Esa es su tarea […] No es una instancia de seguridad”, expresó.
En tanto, Lorenzo Córdova advirtió que el problema requiere una respuesta institucional coordinada y afirmó que la omisión del Estado mexicano abrió espacio para que autoridades extranjeras colocaran nuevamente el tema sobre la mesa. “Hoy ya sabemos que si no lo hacemos alguien más lo va a hacer”, dijo al insistir en que corresponde a las instituciones mexicanas garantizar elecciones libres de intervención criminal.
“El problema es que en una democracia uno tiene que tener claridad que esa voluntad se emitió libremente y no coaccionada ni por los gobiernos, ni indebidamente por los partidos, ni por supuesto por otros actores como la criminalidad organizada”, sostuvo.
Aunque señaló que en Sinaloa el INE instaló más de 2 mil casillas y que las irregularidades documentadas fueron limitadas frente al total de centros de votación, insistió en que el fenómeno debe atenderse institucionalmente. “Esa es una deuda pendiente del Estado mexicano”, concluyó.
