Los casos Rocha Moya y del huachicol fiscal traen de un ala al gobierno federal.
Mediáticamente, no atinan a dar respuestas convincentes que dejen en la imaginaria colectiva la percepción de que los señalados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y de desfalco a las arcas nacionales, son inocentes.
Como quien dice, no le encuentran la cuadratura al círculo. La Mañanera de ayer, fue sintomática.
Un apesadumbrado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México, tuvo que reconocer que el gobierno no investiga a Rubén Rocha Moya, el gobernador sinaloense con licencia, acusado de narcotráfico por la administración trumpista.
Con lo que eso signifique, lacónicamente señaló que “no se detectó” ninguna conducta ilícita en las labores de coordinación entre la Federación y el multicitado político señalado de narco.
“En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida; también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, dijo el circunspecto funcionario policiaco. O sea…
Traigo a mi mente el episodio contado por el colega columnista de El Universal, Salvador García Soto, quien en una de sus “Serpientes y Escaleras”, narró cómo el propio Rocha Moya, en su calidad de gobernador elector, allá por el 2021, le había reconocido que para gobernar Sinaloa era indispensable contar con la aprobación y el permiso de los Santos Barones del narcotráfico, léase los Guzmán y los Zambadas. Esto debió haber sido suficiente, creo yo, para, desde aquel entonces, abrir una investigación en su contra.
Dicen los abogados que a confesión de parte, relevo de pruebas.
Y sin embargo, en México, al menos la Secretaría de Seguridad Pública, no investiga a Rocha Moya.
Una declaración de García Harfuch que, sin duda, levantará muchas suspicacias y un muro de desconfianza en el caótico gobierno de Estados Unidos, tan difícil de complacer.
Su participación en la conferencia matutina de este martes dejó la impresión que actuó más como político –y si me apuran tantito, casi casi obligado- que como responsable de la seguridad ciudadana en el país.
Luego no quieren que Mr. Orange responda encabronado.
En el otro caso, el del huachicol fiscal, las presuntas revelaciones a Código Magenta del vicealmirante Fernando Farías Laguna detenido en Argentina, meten un ruido mayúsculo a la investigación sobre este tema.
Según su dicho, el contrabando de combustible no es obra de delincuentes aislados, sino de una “operación de Estado”. Una acusación extraordinariamente grave que los gringos, sin duda, van a anexar a los expedientes que ya tienen de personajes ligados a la política mexicana.
Farías Laguna ha insistido en sostener que su hermano y él no poseían la capacidad de crear ni operar las redes criminales que gestionan el tráfico ilegal de combustibles desde el sexenio pasado, señalando que en esta estructura estarían involucradas distintas secretarías y dependencias gubernamentales.
A este punto, seguramente usted estará pensando que un perseguido como el Vicealmirante, puede decir lo que sea y acusar a quién sea, con tal de salvarse, y tiene razón. Sin embargo, lo menos que pueden hacer las autoridades es investigar las graves acusaciones. No pueden dejarlas pasar.
En cuanto a la participación del almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, en este vergonzoso pero multimillonario episodio de delincuencia institucional organizada, también ya fue descartada en la misma Mañanera de ayer, porque juran que fue él quien dio aviso a la Fiscalía General de la República sobre los hechos relacionados con el huachicol fiscal. De ahí su presunta inocencia.
Sin embargo, de acuerdo a una nota de Proceso firmada por la colega Diana Lastiri, da cuenta de cómo fuentes ministeriales de la propia fiscalía aseguran que el almirante Ojeda NUNCA denunció formalmente lo que sabía; de ser cierto esto, lo convierte, de hecho, en cómplice, por no cumplir su obligación como funcionario federal. Y sin embargo, no ha sido tocado ni tan siquiera con el pétalo de una orden de presentación en su contra. Nada. Kaita.
Total: las cosas siguen descompuestas para la presidenta Sheinbaum, quien insiste en justificar cualquier tema escabroso que tenga que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos, con su frase favorita de “colaboración no subordinación”.
Y a golpe de realidad, todo indica que ni colaboración ni subordinación a nuestros primos güeros.
Al menos por encimita…
ENCUADRE PUNZANTE
1). Desde el gobierno, insisten “a chaleco” en posicionar a Fernando Rojo de la Vega, el secretario del Bienestar en Sonora, como una pieza electoral de Morena rumbo a la candidatura a la alcaldía de Hermosillo en este ya próximo 2027. Para su mala fortuna, las encuestas internas no le dan posibilidades. Y sin embargo, el joven Rojo ayer fue en representación del Gober a un evento convocado por Coparmex. ¿No era un acto para el secretario del Trabajo, por su naturaleza empresarial?…por eso los hacen “pandos”.
2). Algunas voces indignas de todo crédito aseguran que Doña Claudia ya tiene listo al relevo de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, en la persona de Esteban Moctezuma, hasta hace unos pocos días, embajador de México en el vecino país del norte. Don Moctezuma ya fue secretario de Educación en la primera parte del gobierno de López Obrador. De ser así, lástima: creo que “batearon” mi propuesta.
3). En unas pocas líneas en su cuenta de X, el legendario perredista Carlos Navarro López lamenta el “grave daño patrimonial de Joel Ramírez al PRD Sonora”. Dice que este partido acumula diez millones de pesos en multas por los malos manejos del aun dirigente estatal del Sol Azteca o MACISO o como se llame este engendro. Dice Navarro que Ramírez tendrá que responder por presunto desvío de recursos públicos. Dura acusación.
IN PROXIMUM
CARPE DIEM
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