La titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, niega que sea su competencia analizar el hospedaje durante meses de Marcelo Patrick Ebrard en la sede diplomática y apunta a la Cancillería, que evita contestar si son ellos quienes van a estudiar las quejas
EL PAIS
estigación”, por lo que la ley indicaba que de forma “automática” se tenía que “revisar si se violó alguna norma”. Eso fue hace dos semanas. La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, ha indicado recientemente a Bloomberg que no es de su competencia esa investigación, sino de la Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La Cancillería, preguntada por este periódico, ha evitado contestar si ese análisis ha sido orillado a su dependencia.
Marcelo Patrick Ebrard vivió entre 2021 y 2022 en la residencia de la Embajada de Londres cuando su padre era canciller. El equipo del actual secretario de Economía afirma que fueron ocho meses, entre junio de 2021 y enero de 2022, a raíz de la invitación “directa” de la entonces embajadora en Reino Unido, Josefa González-Blanco. Tres fuentes que trabajaban en ese momento en la sede diplomática informaron a EL PAÍS que el joven, de entonces 26 años, llegó a la residencia de Belgrave Square antes que González-Blanco, en un momento en el que no había embajador mexicano, por lo que tuvo en exclusiva para él el servicio de un mayordomo, una cocinera y del personal de limpieza. Esto ha sido negado tajantemente por Ebrard.
El secretario de Economía, uno de los pesos pesados de Morena y quien disputó a Sheinbaum la interna para convertirse en candidato presidencial, reconoció en Palacio Nacional la estancia de su hijo durante la pandemia en el edificio público, pero le quitó importancia: “No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”. Las declaraciones de Ebrard motivaron que el Partido de Acción Nacional (PAN) interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra él y contra González-Blanco por presunto ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. Y también el envío de quejas a la Secretaría Anticorrupción. Esas últimas fueron a las que hizo referencia Sheinbaum.
“No es que hayamos levantado nosotros una investigación, sino que cualquier persona puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación, es automático, eso es lo que establece la ley”, volvió a explicar el pasado 27 de abril: “Entonces, se abrieron quejas del exterior sobre este tema. Y a partir de ahí, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que desarrollar la investigación. Vamos a esperar a ver qué informa”.
La dependencia comandada por Buenrostro no ha informado nada públicamente ni menos en la Mañanera de la presidenta. Sin embargo, preguntada el lunes por Bloomberg a la salida de un evento sobre el Plan México, la secretaria señaló que el Servicio Exterior Mexicano no está sujeto a las sanciones de la Secretaría Anticorrupción, puesto que se rige bajo una ley propia. “Es a la subcomisión de Disciplina [que depende de la Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores] a la que le corresponde hacer toda la investigación y las sanciones correspondientes”, dijo Buenrostro. La SRE no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS de si han iniciado alguna pesquisa sobre la estancia del hijo del entonces canciller ni tampoco si asumen que esa investigación deberían conducirla ellos.
El nudo gordiano de este entuerto burocrático está en una primera pregunta: ¿en quién se va a centrar la investigación? Porque la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) —a la que aduce Buenrostro— regula al personal diplomático, a los miembros de carrera, temporales o asimilados del SEM, pero no al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, no regiría sobre Marcelo Ebrard. Esto es porque la normativa sitúa al jefe de la Cancillería como una figura por encima de la estructura administrativa del Servicio Exterior, no dentro de ella. En cambio, esta ley sí regula las actuaciones de los Embajadores, por lo que incluiría a Josefa González-Blanco.
Por otra parte, según el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría Anticorrupción tiene competencias para poder investigar a los servidores públicos federales, incluyendo también a los titulares de dependencias. Ahí es donde sí entraría el caso de Ebrard, quien era entonces secretario de Relaciones Exteriores.
De hecho, la dependencia de Buenrostro, a través del Órgano Interno de Control (OIC) que opera dentro de la SRE, ya investigó en 2025 a la Embajada de México en Reino Unido. Los resultados preliminares, a los que tuvo acceso EL PAÍS, encontraron irregularidades, deficiencias e incumplimientos en el manejo de recursos y personal. El OIC reprobó con un puntaje de 2 sobre 5 la gestión de Josefa González-Blanco, “al ser el control interno parcial, heterogéneo e informal, con debilidades críticas en todos los componentes”. En su investigación, el Órgano encontró que en la sede diplomática se estaban incumpliendo 10 normativas jurídicas (entre ellas el Código de Ética de la Administración Pública Federal) y realizó 16 observaciones correctivas y nueve recomendaciones preventivas sobre la estructura del personal en la embajada y el control de los recursos públicos.
Ante la estancia del hijo de Ebrard, Sheinbaum señaló la semana pasada que “no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma”: “¿Cuál es la norma para la utilización de las Embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no”. La presidenta aseguró que ya el ahora canciller, Roberto Velasco, estaba trabajando para dejar “claro” “qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores, o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la Embajada”. Mientras eso ocurra, la investigación de la estancia de Marcelo Patrick Ebrard está, de momento, en tierra de nadie.
