El fiscal Ulises Lara explicó que la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizada por el Gobierno de EU, “no cuenta elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”
Juan Carlos Ponce
Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, realizada por el gobierno de Estados Unidos, “no cuenta elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto a los hechos narrados”.
Dejó claro que la propia solicitud de Estados Unidos, quien acusa a Rocha Moya por narcotráfico, requiere que el gobierno mexicano debe tomar las medidas necesarias para asegurar que “la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada no sea divulgada, ni se haga del dominio público como ocurrió en este caso en particular”.
Dijo que, de acuerdo con lo expresado por las propias autoridades estadunidenses, lo anterior podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en ese país y contravenir sus normas procesales.
En este contexto, mencionó que la convención de Viena de relaciones diplomáticas dispone que la información y documentación intercambiada en este tipo de procesos debe manejarse con carácter confidencial y reservado, a fin de proteger los datos transmitidos.
Explicó que con relación a la información dada a conocer este día por el gobierno de Estados Unidos sobre funcionarios de Sinaloa, como sucede en este y cualquier caso de solicitud internacional debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
Mencionó que la FGR fue notificada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la información recibida, con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso para la viabilidad de la solicitud”, detalló.
FGR iniciará investigación
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), añadió que se iniciará una investigación para llenarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad, de que la acusación hecha por autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
La legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una alguna persona ha cometido un delito; no obstante, el tratado bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida; en este caso, nuestro país”.
De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respeto de los hechos narrados”, añadió.
Por otra parte, expuso que la ley mexicana requiere en el caso de gobernadores y senadores “se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidores públicos que ostentan dichos cargos”.
Recalcó que para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el estado de derecho así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, “que al igual que en el estado requirente son inalienables”.
