Este 29 de abril, el Departamento de Justicia de EEUU reveló una acusación contra el funcionario, relacionada con drogas y armas
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó que toda actuación relacionada con la acusación de Estados Unidos contra Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, respete el debido proceso y las normas constitucionales mexicanas.
La institución señaló, en un comunicado difundido este 29 de abril, que cualquier solicitud de extradición debe sujetarse a la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
Dámaso enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Las acusaciones contemplan una posible condena de cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
El pronunciamiento de la Fiscalía estatal se dio luego de que autoridades estadounidenses difundieron información sobre acusaciones dirigidas a varios servidores públicos, entre ellos Castro Zaavedra.
El organismo subrayó que en México rige la presunción de inocencia y ninguna persona puede ser considerada responsable sin resolución judicial.
La Fiscalía estatal remite competencia a la FGR
La dependencia sinaloense destacó que solo la Fiscalía General de la República puede determinar la procedencia legal de las solicitudes de extradición, tras valorar los datos de prueba. Reiteró que cualquier actuación debe conducirse con apego estricto a la legalidad, el debido proceso y el respeto a la soberanía nacional.
La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso con la legalidad, la objetividad y el respeto irrestricto al marco constitucional.
Las acusaciones de EEUU: presunto vínculo con Los Chapitos
El gobierno de Estados Unidos señaló a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por una presunta colaboración con la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hermanos Iván y Alfredo, Guzmán Salazar.
Castro Zaavedra, quien ocupa el cargo desde octubre de 2021 y ha ejercido funciones de fiscal en México desde al menos 1998, habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 200 mil pesos, equivalentes a 11 mil dólares estadounidenses, para proteger a integrantes de ese grupo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Damaso, identificado como “Culiacán Regio” en algunas nóminas, habría entregado información privilegiada a Los Chapitos sobre operativos del orden público planeados en colaboración con la DEA, lo que permitió al grupo criminal trasladar o destruir pruebas antes de cateos a laboratorios de drogas y domicilios vinculados a su estructura.
Los pagos habrían iniciado desde 2021 y se extendieron hasta septiembre de 2024, según los señalamientos presentados en la acusación.
La acusación también detalló que Castro Zaavedra habría facilitado el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a través de Sinaloa.
Para mantener el control sobre la fiscalía estatal, Los Chapitos habrían entregado los sobornos en efectivo al vicefiscal, quien a cambio proporcionó protección a los miembros de la organización e información sobre investigaciones en curso, cateos e incautaciones planeadas por el ejército y la marina mexicanos.
Las autoridades de Estados Unidos imputaron a Castro Zaavedra los siguientes cargos:
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos
De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua.
El expediente sostiene que el contacto directo entre el vicefiscal y los jefes de plaza de Culiacán permitió a Los Chapitos anticipar y evadir operativos, reforzando así la capacidad operativa de la organización en la región.
