La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las disposiciones impulsadas durante la administración de Toño Astiazarán en Hermosillo, la controversia constitucional 309/2024 promovida por el Congreso de Sonora.
Cuando inició la administración del gobernador Alfonso Durazo el tema de las viviendas invadidas y abandonadas fue una de las ramas de interés que mostró preocupación; me tocó reunirme tanto con el alcalde Antonio Astiazarán como con el gobernador sobre este tema.
Con el gobernador, a pesar de su interés, no fue posible avanzar porque los funcionarios estaban más preocupados en mostrarse funcionales que en hacer un análisis serio del fenómeno, y no se pudo crear una ruta o enriquecer el plan de vivienda que pudiera atender una de sus causas, como fueron y son los bienes vacantes.
El alcalde, más pragmático, decidió aprovechar la crisis de vivienda e impulsar la controvertida reforma reglamentaria para que le ayudaran a hacer declarativos de abandono y poder decidir sobre inmuebles que tenían un dominio.
Pues bien, la SCJN invalidó los artículos 3, 8, 10, 11, 12, 13 y 15 del reglamento para sustanciar y emitir Declaratorias de abandono. Evidentemente, esta iniciativa, que incluso, la sustentó el alcalde en reunión de viviendas con diversas instituciones como COVES, CONAVI e Infonavit, era desde un principio un error anticonstitucional, y se sabía que el reglamento no podía estar por encima del mismo.
Las consecuencias de esta resolución sin duda tendrán repercusiones, y veremos cómo van a girar en el futuro próximo las sanciones. Por otro lado, esto puede generar un problema más amplio, ya que posiblemente puede ocasionar roces de particulares con el ayuntamiento y también entre particulares, ya sea desposeído y con posesionarios, y de ahí se van a desprender, seguramente, otro tipo de controversias.
Un poco de historia sobre la crisis de vivienda en Sonora
La crisis inmobiliaria del 2008 llegó fuerte en el país y en Sonora; empresas dedicadas a la vivienda como URBI, GEO, HOMEX, entre muchísimas más.
Empezaron con la suspensión en el primer semestre del 2014; sus acciones fueron suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York tras incumplir repetidamente con la presentación de sus reportes financieros. Después entraron a un concurso mercantil y, a lo último, terminaron en la liquidación y fue justo en esta etapa donde muchas unidades o viviendas, como terrenos, no pasaron en la liquidez y se convirtieron en bienes vacantes; tema que le da “flojera” a los funcionarios involucrados en la rama de la vivienda, porque es más fácil presumir obras federales y a los municipios obras del estado que crear un verdadero plan de vivienda.
Entonces, en medio de esta incertidumbre, salió el “novedoso” Declarativo de abandono, que, siendo justo, no fue la primera “idea” de cómo aprovechar el fenómeno de la incertidumbre jurídica por el cual atraviesan miles de inmuebles en Sonora.
Los “traspasos” y la especulación inmobiliaria
Para que tengan una idea del jugoso negocio que hacen con los famosos “traspasos” basta que se metan en cualquier página de Facebook, entre otras redes sociales y simplemente escriba “Quieres vender tu casa” y verás infinidades de anuncios, desde que te la compran invadida, con deudas o vandalizada, para que se den una idea; son cientos de publicaciones diarias y en Hermosillo quienes llevan la delantera en esta carrera de especulación inmobiliaria CASAS 10X y a quienes asocian como titulares de estas empresas son Carlos
Armando Félix y a Rómulo Dueñas, ¿Y cómo le hacen estos personajes para apropiarse de estas viviendas y después ponerlas en el mercado?Muy sencillo, ellos con dinero pagan búsquedas y dan con el propietario de crédito hipotecario, le ofrecen dinero para que les otorgue un poder y después van con el posesionario o invasor y también le ofrecen dinero para que desalojen la vivienda y, si no accede, lo amenazan o bien lo demandan por la vía penal; así a lo gandalla.
También buscan bienes vacantes y con dinero y escrituras en manos, se dicen con derechos de la vivienda y ofrecen dinero o la venta, ¿y saben qué hacen? Se la prescriben y, en lo que dura el juicio, es el plazo para que la paguen.
A estos mismos especuladores les encanta hacer obras “filantrópicas”, como un abogado que ha obtenido grandes y muchas propiedades en Hermosillo y sobre todo en Bahía Kino.
La opacidad en Catastro y el ICRESON
En el trienio de Célida López, ex alcaldesa de Hermosillo (2018-2021) un ex regidor de San Luis Río Colorado, Martín Ortega Vélez, conocido popularmente como “El Pillín”, por recomendaciones de Enrique Reyna llegó “asesorar” a la alcaldesa y tuvo la genial idea que para no perder el control de los inmuebles en el municipio, limitaran el acceso al Catastro municipal, de tal suerte que no puedes verificar el estatus de una vivienda o terreno y puedes ser presa fácil para especuladores; es más, ni siquiera un familiar o cercano puede pagar predial si no eres el dueño o no tienes una carta poder; por eso razón múltiples familias están en bloqueos catastrales porque si está fallecido el propietario o está fuera de la ciudad es prácticamente imposible que te regularices en los adeudos catastrales, o sea, quedas vulnerable en las consecuencias por impago. Esta situación ha generado cientos de prescripciones positivas, como una forma de despojo especulativo de inmuebles.
El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON) donde revisar la información, es sumamente limitada y, para los especuladores, ha sido uno de sus mejores manjares en su ilimitada geofagia.
En resumen, tanto Catastro como el ICRESON limitan la información que por naturaleza debe ser pública, beneficiando a quienes tienen recursos para obtenerla y dejando en la intemperie a las familias humildes, que son las que al final sufren el despojo.
Las asociaciones dedicadas a la lucha por la vivienda y las víctimas deberían interponer una controversia para que la información pública sea efectiva y sin regateos.
Los Declarativo de abandono de las administraciones de Antonio Astiazaran fue un grave error que tendrá consecuencias, consecuencias que también en un futuro pueden tener los que complican los trámites catastrales y registrales, y claro, reformar la ley notarial, porque al final, los pobres son y serán las víctimas.
