Desde 2013, la asamblea ejidal consiguió fallos en los tribunales agrarios que obligaron a la minera Penmont a desalojar de los terrenos del ejido El Bajío, en Caborca.
Alberto Duarte
HERMOSILLO, Son. (apro).- La asamblea del ejido El Bajío, compuesta por agricultores desplazados que desde hace más de una década vencieron en los tribunales a una de las empresas mineras más grandes del mundo para hacerla desalojar sus tierras, determinó solicitar la cancelación de la concesión minera que permitió a la compañía instalarse antes de su desalojo ocurrido hace 13 años.
“Como propietarios de las tierras donde se encuentra el lote minero, la asamblea puede decirle a la Secretaría de Economía: ‘como no interesa un convenio de explotación y la mina tiene más de dos años sin llevarla a cabo, te pido que canceles el título de concesión’”, explicó a Proceso el abogado Carlos Encinas, representante legal de los ejidatarios.
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Este tipo de solicitud a la autoridad federal se convirtió en una posibilidad a partir de reformas a la Ley Minera realizadas durante la última parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cambio en el artículo 13, en concreto, acotó la posibilidad que tenían las empresas mineras para hacerse de “terrenos libres” y destinarlos a la explotación de minerales.
Tras los cambios, toda compañía que pretenda explotar minerales en suelos ajenos deberá generar acuerdos con quien ostente la propiedad para obtener una concesión.
“Cuando en un terreno sujeto a concurso se encuentre un área habitada u ocupada por un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o por cualquier otro tipo de asentamiento, la persona ganadora del concurso está obligada a suscribir un convenio con la comunidad o pueblo correspondiente para obtener el permiso de uso del terreno, así como a cubrir una contraprestación de al menos el cinco por ciento de la cantidad que resulte de disminuir al resultado fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sumas cubiertas por la persona titular de la concesión por concepto de contribuciones no deducibles para los efectos de dicho impuesto.”
En el caso del ejido El Bajío, registrado en Caborca, al norte de Sonora, la titularidad de las tierras fue sometida a juicio desde el año 2009, antes de que la operación llamada Soledad-Dipolos iniciara en el 2010 con permisos que, según el Tribunal Unitario Agrario #28, resultaron ilegítimos.
Para 2013, la asamblea ejidal consiguió fallos en los tribunales agrarios que obligaron a la minera Penmont a desalojar, misma que es propiedad de Fresnillo PLC y parte de Grupo Peñoles, actualmente dirigido por Alejandro Baillères, uno de los hombres más acaudalados del país.
Desde entonces, la operación minera se detuvo y los ejidatarios, cerca de 70 personas que obtuvieron los títulos de propiedad de unas 20 mil hectáreas en 1971 tras reformas a la ley agraria, recuperaron la posesión sobre sus tierras.
