La CBP informó a un juez que cerca de 20,1 millones de operaciones no habían sido liquidadas por lo que está en juego más de 166 mil mdd recaudados bajo la ley de emergencia utilizada para imponerlos
Adolfo López
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) notificó a un juez federal que no está en condiciones de devolver el dinero cobrado por los aranceles recíprocos que el gobierno de Donald Trump impuso durante su guerra comercial y que posteriormente fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo.
La posición de la agencia quedó plasmada en un documento enviado al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos por Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la CBP. En ese escrito señaló que la institución “no puede cumplir” con la orden emitida por ese tribunal el 4 de marzo de 2026.
El funcionario también extendió ese argumento a otra resolución del 5 de marzo vinculada con el caso conocido como Atmus, uno de los procesos legales que buscan el reembolso de esos aranceles.
En esa decisión, el juez ordenó revisar y “liquidar” todas las operaciones de importación, tanto las que siguen abiertas como aquellas que ya fueron liquidadas pero aún no son definitivas, sin considerar los aranceles aplicados por el gobierno bajo una ley de emergencia.
El origen del conflicto se remonta al fallo emitido el pasado 20 de febrero por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que invalidó los aranceles impuestos por Trump al determinar que el entonces presidente excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977.
La mayoría de los magistrados concluyó que esa legislación, conocida como IEEPA, no puede aplicarse en tiempos de paz para justificar medidas comerciales como las que adoptó la Casa Blanca durante su confrontación arancelaria con otros países.
Tras esa decisión del máximo tribunal de Comercio Internacional, que tiene jurisdicción sobre disputas comerciales, ordenó al gobierno dejar de aplicar esos aranceles en los procedimientos que todavía estaban abiertos. Además, dejó abierta la posibilidad de que se devolviera el dinero en los casos en que ya había sido cobrado.
La CBP calcula que los aranceles aplicados bajo esa ley generaron alrededor de 166.000 millones de dólares. La agencia también señaló que hasta el 4 de marzo existían cerca de 20,1 millones de operaciones de importación que aún no habían sido liquidadas.
El escrito presentado por Brandon Lord llegó a la corte poco antes de que el juez Richard Eaton iniciara en Nueva York una audiencia para analizar precisamente cómo proceder con el posible reembolso de esos aranceles declarados ilegales.
