MINERIA EN LINEA
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se discute actualmente en la Cámara de Diputados genera una profunda preocupación en el sector minero. Organismos como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) advierten que los cambios propuestos podrían frenar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, paralizar operaciones actuales y dañar severamente la economía regional en zonas altamente dependientes de esta industria.
El artículo 118 de la iniciativa, en su nueva redacción, impide de manera explícita la construcción de infraestructura para el tratamiento, disposición o confinamiento de aguas residuales en cauces o vasos del país, sin distinción de zona geográfica ni de actividad industrial. Esto incluye tajantemente la imposibilidad de desarrollar obras vinculadas al manejo de jales mineros y otras instalaciones críticas para la operación de minas, aun cuando estas se ubiquen en regiones montañosas, donde no hay otra alternativa técnica viable.
Una reforma sin matices técnicos ni geográficos
El eje central de la propuesta es el reconocimiento del agua como un derecho humano y bien público estratégico, con un enfoque de preservación y equidad. Se busca prohibir la transmisión de concesiones, endurecer los criterios para otorgarlas y anular aquellas que no hayan sido utilizadas o que se desvíen del uso autorizado. Aunque estas disposiciones responden a una legítima preocupación por la sobreexplotación del recurso hídrico, el lenguaje de la reforma deja fuera de consideración la diversidad geográfica y técnica del país.
México es un territorio con más de 60% de su superficie compuesta por sistemas montañosos. En muchas regiones mineras, la orografía imposibilita cualquier operación que no implique el uso de cauces intermitentes o naturales para la construcción de infraestructura esencial. Negar esa posibilidad mediante una legislación generalista puede traducirse, en la práctica, en la cancelación de inversiones, suspensión de operaciones y una pérdida irreversible de empleos y divisas.
La AIMMGM ha insistido en que las instalaciones a las que se refiere la norma —como presas de jales, plantas de tratamiento o bordos de contención— no tienen como finalidad contaminar los cuerpos de agua, sino evitarlo. Estas infraestructuras forman parte de los estándares internacionales de minería responsable y son revisadas, aprobadas y supervisadas por autoridades ambientales federales y estatales.
Consecuencias económicas y sociales
La minería aporta más de 3 millones de empleos directos e indirectos en México, con una presencia significativa en estados como Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero. Muchas comunidades rurales dependen de la actividad minera como principal fuente de ingresos, infraestructura básica y servicios sociales. Frenar esta industria por una reforma hídrica mal calibrada podría desatar una cadena de efectos económicos negativos que incluyan desempleo, migración forzada y disminución de ingresos fiscales.
Además del impacto local, está el riesgo de frenar la producción de minerales estratégicos que son indispensables para otras cadenas productivas, como la automotriz, la eléctrica, la aeroespacial y la de energías renovables. México es un productor clave de plata, cobre, zinc y litio. Si el país reduce su capacidad de extracción, incrementará su dependencia de importaciones y se alejará del objetivo de soberanía en recursos naturales que el propio gobierno ha defendido en otros frentes.
Empresarios del sector minero y expertos en gestión hídrica coinciden en que el país necesita una regulación del agua firme, pero también técnicamente sólida y viable. Una legislación efectiva debe proteger los ecosistemas y el derecho humano al agua sin comprometer las actividades industriales que dependen del uso racional y controlado del recurso.
La urgencia de revisar el proyecto legislativo
Más allá de los discursos ideológicos, la reforma necesita una revisión técnica a fondo. Es indispensable establecer excepciones bien fundamentadas para casos donde no existan alternativas geográficas, siempre bajo estricta supervisión ambiental. También debe distinguirse entre actividades que representan riesgo real de contaminación y aquellas que cumplen con medidas de mitigación aprobadas por instancias regulatorias.
El enfoque general de prohibición sin análisis de contexto puede derivar en un vacío operativo: los proyectos no podrán ejecutarse legalmente, pero tampoco desaparecerán las necesidades de minerales o los intereses económicos asociados. Esto abre la puerta a la informalidad o a la extracción no regulada, con consecuencias más graves para el ambiente y las comunidades.
Diversos sectores productivos, no sólo el minero, han solicitado mesas de diálogo con legisladores y la CONAGUA para discutir alternativas que garanticen tanto la protección del agua como la viabilidad de la industria. Se requiere un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo, las comunidades y los sectores productivos para evitar un error que podría costarle al país años de desarrollo económico.
