Un memorando secreto del Departamento de Justicia estadunidense que autoriza ataques aéreos de Estados Unidos contra presuntas “narcolanchas” revela que la justificación de esa fuerza se basa en la idea de que Estados Unidos y sus aliados están “legalmente” en un estado de conflicto armado con los carteles de drogas, una premisa que se deriva exclusivamente de las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, según la gente que lo ha leído, reportó The New York Times.
El ejército estadunidense realizó una serie de ataques contra presuntos “narcoterroristas”, mientras la Casa Blanca fue criticada por no presentar una base legal concreta para esas operaciones.
Según el memorando, al que tuvo acceso el diario, los ataques se consideran apropiados bajo la premisa de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga, una afirmación que la Casa Blanca ha repetido en varias ocasiones.
Por lo tanto, el asesinato de presuntos traficantes estaría amparado por los poderes de guerra de Trump, según señaló el medio.
Esto contrasta con las advertencias de organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, que califican los ataques como ilegales, así como con las acusaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia, que señalan a la administración Trump por llevar a cabo asesinatos extrajudiciales.
De acuerdo con The New York Times, el memorando comienza reiterando afirmaciones de la Casa Blanca, entre ellas que los cárteles de la droga buscan deliberadamente desestabilizar el hemisferio occidental y asesinar ciudadanos estadunidenses.
Según el medio, los grupos narcotraficantes son presentados como “terroristas” que financian la violencia contra Estados Unidos mediante el tráfico de drogas, y no simplemente como negocios ilegales. Con esa narrativa, Trump obtiene el fundamento para declarar un estado de conflicto armado contra ellos.
Una sección extensa al final del memorando establece una defensa legal que sostiene que cualquier funcionario de la administración o miembro del ejército acusado por estas muertes estaría amparado por una “inmunidad de campo de batalla” debido al supuesto estado de guerra.
