Instó al Senado de la República para aprobar la ley impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Jaqueline Viedma
Durante el Encuentro Coparmex 2025 celebrado en Tijuana, Baja California, este viernes 14 de noviembre de 2025, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, habló sobre las afectaciones al sector empresarial respecto al delito de extorsión en México.
Acompañado de 71 centros empresariales, Juan José Sierra destacó que “la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país y que mata a las MiPyMEs”.
También precisó que este fenómeno “se ha convertido en una estructura de control económico y social que amenaza la libertad y la actividad productiva”.
El dirigente empresarial instó al gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a “recuperar los espacios” que ha perdido debido a la violencia que prevalece con mayor notoriedad en algunos estados.
“La extorsión debe ser atendida como prioridad nacional, con una estrategia de Estado que combata redes de colusión y devuelva certeza a ciudadanos y empresas”, destacó Coparmex.
Entre las exigencias de la Confederación se encuentra la urgencia de aprobar la Ley General contra la Extorsión, misma que fue avalada a finales de octubre por la Cámara de Diputados, sin embargo, se encuentra atorada en el Senado de la República.
También piden mayor presencia de la policía en territorio, “no habrá seguridad posible sin policías profesionales y confiables”.
Violencia y extorsión en la frontera norte es una amenaza al crecimiento económico
En un comunicado del 11 de noviembre, Coparmex señaló que los 43 municipios fronterizos han concentrado el 11.8% de los 8 mil 585 casos de extorsión contabilizados en el país este año, lo que representa un aumento del 15.2% respecto a 2024.
Este escenario afecta directamente la región, estratégica para el comercio exterior y la industria nacional, y evidencia un deterioro rápido de la seguridad. Advirtieron que en términos nacionales, el delito muestra un incremento del 5.2% y amenaza de forma directa el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo a lo largo de la frontera norte.
“Las extorsiones, el cobro de piso y las amenazas afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que son el corazón productivo de nuestras comunidades. Cuando un empresario se ve obligado a cerrar, trasladarse o trabajar bajo amenaza, se pierde mucho más que un negocio: se pierden empleos, oportunidades y confianza”, sentenció la Confederación, además de puntualizar la falta de políticas públicas para combatir este delito.
