El informe del CCM documenta diez sacerdotes asesinados entre 2018 y 2024; la mayoría de las diócesis evita denunciar por miedo o para manejar los casos de forma interna; cada semana se cometen en promedio 26 ataques
LESLYE GÓMEZ / LA SILLA ROTA
México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal en América Latina. El documento, titulado Violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia Católica en México, Reporte Anual 2024 del Centro Católico Multimedial (CCM) —vinculado a la Conferencia del Episcopado Mexicano—advierte que se han registrado 95 hechos violentos ocurridos entre 1990 y 2024, incluyendo asesinatos, agresiones, extorsiones y ataques a templos.
De acuerdo con el informe, en el sexenio 2018–2024 se registraron diez sacerdotes asesinados, diez religiosos violentados, cerca de 900 extorsiones y amenazas de muerte, y dos sacerdotes desaparecidos desde hace más de una década. Además, el CCM calcula que cada semana se cometen en promedio 26 ataques, profanaciones o robos a templos católicos en todo el país. Aunque el número de homicidios disminuyó respecto a periodos anteriores, las agresiones, extorsiones y profanaciones se mantienen constantes.
El reporte documenta casos recientes que evidencian el riesgo cotidiano que enfrentan los ministros católicos. En abril de 2024, el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, fue asaltado en la autopista Puebla–Orizaba. En julio del mismo año, el obispo de Tehuacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, fue interceptado por un grupo armado y abandonado en una zona despoblada. Ese mismo año, el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue secuestrado y hallado inconsciente en un hotel de Cuernavaca tras permanecer desaparecido dos días. En 2023, el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, fue atacado con arma blanca al término de una misa.
La violencia no sólo se dirige contra la jerarquía. En la Ciudad de México, el padre Abraham Hernández recibió amenazas y cabezas de cerdo como advertencia para que pagara “derecho de piso”. En Chiapas, el padre Marcelo Pérez Pérez —reconocido por su activismo social y su trabajo pastoral con comunidades indígenas— fue asesinado el 20 de octubre de 2024. El religioso viajaba solo cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo; su muerte conmocionó a la Iglesia mexicana.
El informe también destaca el aumento sostenido de extorsiones contra sacerdotes y parroquias. El CCM advierte que la llamada “cifra negra” es mucho mayor a los casos denunciados, ya que muchas diócesis prefieren manejar las amenazas de manera interna y no presentar denuncias formales. El organismo pide a la Conferencia del Episcopado Mexicano articular un registro nacional de delitos contra ministros y templos, así como mecanismos de prevención y acompañamiento.
En cuanto a los ataques a recintos sagrados, el reporte indica que 26 templos son profanados o asaltados cada semana, lo que representa el 12% de los más de 11 mil templos que existen en el país. En los años noventa se reportaban cuatro ataques semanales; hoy la cifra se ha multiplicado por seis. Los agresores se dividen en tres grupos: un 21% corresponde a delincuentes que cometen robos menores, un 42% a grupos del crimen organizado dedicados al robo de arte sacro, y un 37% a actos motivados por intolerancia o discriminación religiosa.
México, señala el CCM, encabeza la lista de países latinoamericanos con más ataques violentos a recintos sagrados, seguido de Colombia, Brasil y Guatemala. La pérdida del respeto por lo sagrado, el crecimiento del crimen organizado y la impunidad son las principales causas de esta tendencia, de acuerdo con el análisis.
El recuento histórico del Centro Católico Multimedial documenta desde 1990 a la fecha la muerte violenta de un cardenal, 59 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica, así como la desaparición de dos sacerdotes cuyos casos siguen sin resolverse. Los estados con mayor número de agresiones contra clérigos son Guerrero, con 11 casos; Ciudad de México, con 8; Chihuahua y Michoacán, con 7 cada uno; Jalisco y Estado de México, con 6; Veracruz y Baja California, con 5; Puebla con 4; y Tamaulipas y Durango con 3.
El CCM advierte que la violencia contra el clero refleja un vacío de poder y la descomposición del Estado de derecho. “Alguien debe asumir lo que el Estado ha dejado de hacer, por incapacidad o por colusión con los hacedores del mal y del crimen”, cita el documento. El organismo pide reforzar los protocolos de seguridad eclesial, establecer un censo de agresiones, proteger el patrimonio religioso y acompañar pastoralmente a las familias de los sacerdotes asesinados.
“Si no se nombra, no existe”, concluye el reporte. “Nos faltan también 80 sacerdotes, religiosos y laicos, muchos de ellos en un purgatorio legal que no ha definido justicia ni reparación”.
