Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se convirtió en secretario de estudios y cuenta en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
El portal web del máximo tribunal del país refiere que Vidulfo Rosales ocupa el cargo de secretario de estudio y cuenta, su salario neto aproximado es de 118 mil pesos mensuales y disfrutará de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida.
Las prestaciones que se otorgarán a Rosales Sierra son conforme a la normatividad vigente que dejó la anterior SCJN. El pasado 6 de septiembre los nuevos ministros anunciaron la reducción de salarios y que los altos mandos “gozarán de seguridad social a través del Issste”.
El pasado 20 de agosto, Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y también a la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
En esa fecha ya se comentaba que se integraría al equipo del ministro Hugo Aguilar Ortiz, y el litigante reconoció haber recibido la invitación para incorporarse a la nueva SCJN, pero dijo estar valorando el ofrecimiento.
Rosales Sierra nació en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero; durante su carrera, colaboró con el Centro Tlachinollan a lo largo de 24 años y asesoró a integrantes de la policía comunitaria de Guerrero.
Participó en casos de mujeres víctimas de tortura y de campesinos despojados de sus tierras, además de estar al frente de la asesoría jurídica de las familias del llamado Caso Iguala.
En una carta fechada el 19 de agosto externó que se retiraba de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.
En entrevista con La Jornada, luego de conocerse su renuncia a la defensa legal de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron privados de la libertad por policías de los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepeapulco, y luego entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, el 26 de septiembre de 2014, reconoció haber platicado con el ministro Hugo Aguilar Ortiz “respecto del tema de los derechos de los pueblos indígenas y cómo la Corte estaría sentando los nuevos criterios y estaría avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
