La fiscalía señaló que Grupo Potesta realizó operaciones por 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar fechas, posiblemente para ocultar su origen, de acuerdo con la causa penal 325/2025
Héctor Gordoa / Latinus
Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, fue utilizada presuntamente para lavar dinero de empresas vinculadas con una red de “huachicol”, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones apuntan a que Grupo Potesta, una comercializadora de hidrocarburos, realizó operaciones financieras por alrededor de 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de dichas transacciones. En la causa penal 325/2025, la FGR advierte que los recursos pudieron ser enviados a otras entidades o países con el fin de ocultar su origen ilícito.
“Se conocio´ que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebro´ operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institucio´n financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institucio´n financiera podri´a estar enviando recursos hacia otras entidades o pai´ses con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, cita el documento.
Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados ante el juez para obtener órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.
Además de Grupo Potesta, la investigación también involucra a Grupo Base Energéticos, que habría tenido vínculos comerciales con Vector según información del SAT.
Empresas importadoras y comercializadoras
Vector aparece en la lista de 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con esta red de “huachicol fiscal”. En junio pasado, la casa de bolsa y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al acusarlos de facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.
A partir de este mes las tres instituciones tienen prohibido realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
La FGR ubica a Grupo Potesta como una de las cinco principales empresas relacionadas con delitos como lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción en aduanas.
Las indagatorias señalan también vínculos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal fue accionista de Agrícola Boreal, empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Sus accionistas —Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón— están vinculados a Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La comercializadora, cuyos accionistas son José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla, tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. En las indagatorias la FGR encontró inconsistencias financieras: reportó ingresos por 87 millones de pesos en 2023 y contar con solo ocho empleados, y presentó facturas electrónicas por más de mil 700 millones de pesos de algunos proveedores que se encuentran relacionados en la red de huachicol.
Además de Potesta, la FGR ha identificado a Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México y Era Tech Combustibles —esta última vinculada al Cártel de Sinaloa— como parte de la misma red de empresas dedicadas al huachicol fiscal.
