José Luis Jara
En Hermosillo, la historia parece repetirse con obstinación: cuando la gente defiende lo suyo, el poder la acusa. Esta vez el escenario es Sacramento Residencial, donde la defensa de un área verde se convirtió en una batalla desigual contra una constructora y un Ayuntamiento que actúan como si la ciudad fuese un botín de familia.
Alejandro y Jano Valenzuela, dirigentes vecinales, recibieron en días recientes la notificación de una denuncia penal en su contra por supuestas agresiones y amenazas. El caso tiene un sabor amargo: la querella fue interpuesta en 2021, pero se desempolva justo ahora, cuando el gobierno municipal acelera permisos de construcción en la zona en litigio. Una coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad.
El denunciante, César Alejandro Pastrana Ramírez, apareció una sola vez en Sacramento, cercando con malla ciclónica un terreno reclamado como área verde. Los vecinos lo encararon en la calle. No hubo violencia, sólo advertencia: “Aquí no le conviene comprar, señor, es terreno en litigio”. La respuesta de Pastrana fue subir un vehículo pesado al área y derribar los arbolitos recién plantados. Hoy, paradójicamente, es él quien acusa a los colonos.
Detrás de esta escena doméstica se asoma la maquinaria política. El presidente municipal, Antonio Astiazarán, juega el papel de Pilatos: se lava las manos mientras utiliza a terceros —particulares, prestanombres, denunciantes circunstanciales- para criminalizar el reclamo social de Sacramento. Así intenta reducir un conflicto político y ambiental a un expediente penal contra dos vecinos. Un viejo truco del poder: que parezca asunto privado lo que en realidad es un despojo público.
La raíz del conflicto hunde sus garras en 1987, cuando el Ayuntamiento de Hermosillo enajenó el área verde a favor de la Constructora Dinámica del Pacífico mediante una “mordida” de quince mil pesos. El terreno, valuado hoy en millones, sigue marcado por esa mancha de origen. Ninguna administración -tampoco la actual- ha tenido la voluntad de rectificar el abuso. Al contrario, los sucesivos gobiernos municipales lo han protegido, administrando la impunidad con la misma disciplina con que reparten permisos de obra.
La denuncia contra los Valenzuela tiene un objetivo transparente: sembrar miedo entre los vecinos, desmovilizar la resistencia, ganar tiempo mientras las obras avanzan. El expediente judicial es sólo el disfraz: lo que se busca es silenciar a quienes se atreven a cuestionar la complicidad entre el dinero y el poder político.
Pero los vecinos de Sacramento Residencial no ha bajado la guardia. Los colonos responden con la convicción de que la justicia no se mendiga; se defiende en la calle, con la frente en alto. Y aunque en México la justicia suele ser más castigo que garantía, en esta lucha el miedo ya no es un obstáculo, sino un recordatorio de lo que está en juego: el derecho de los ciudadanos a no ser expulsados de su propia ciudad.
Lo que ocurre en Sacramento Residencial no es un pleito vecinal: es un espejo donde se refleja la política local. Allí se revela la verdadera cara del gobierno municipal, dispuesto a usar la ley como garrote y a la ciudadanía como sospechosa. Allí también late la pregunta que Antonio Astiazarán quisiera evitar: ¿qué pesa más, la voz de los vecinos que siembran árboles o la mano de las constructoras que arrancan raíces?
