Los familiares de las víctimas recibieron llamadas y videollamadas para exigirles dinero
EL UNIVERSAL
Puerto Peñasco, Sonora.- Como resultado de un sólido trabajo jurídico y de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia condenatoria de 53 años de prisión en contra de Pedro “N”, de 24 años, por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, en agravio de tres personas de identidad reservada, entre ellas un menor de 1 año de edad.
Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2023, cuando las víctimas, originarias de El Salvador, viajaban a bordo de un autobús con destino a Tijuana, Baja California, pero en el tramo del kilómetro 6 al 8 de la Carretera Federal 2, entre Sonoyta y San Luis Río Colorado, el autobús fue detenido voluntariamente por su conductor.
En ese momento, Pedro “N” y sus copartícipes, armados, obligaron a las víctimas a descender y las trasladaron a un punto en el desierto, donde fueron despojadas de sus pertenencias; posteriormente, fueron llevadas a un domicilio abandonado en el ejido Morelia, del municipio de General Plutarco Elías Calles, donde permanecieron secuestradas hasta el 1 de junio de 2023.
Durante el cautiverio, los agresores realizaron llamadas y videollamadas a familiares de las víctimas, exigiendo dinero por cada una para su liberación; una víctima fue golpeada y amenazada con armas, siendo grabadas las agresiones para coaccionar a sus familiares, quienes finalmente realizaron un pago de 3 mil dólares.
Tras la celebración del Juicio Oral, que se desarrolló del 31 de junio al 15 de julio de 2025, el Tribunal dictó sentencia condenatoria por 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y 3 años más por asociación delictuosa.
Además, de una multa global de 831 mil 994.80 pesos y el pago de 61 mil 240 por concepto de reparación del daño material relacionado con gastos terapéuticos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con la persecución penal efectiva de delitos de alto impacto, especialmente aquellos que atentan contra la libertad e integridad de personas migrantes, garantizando justicia a las víctimas y penas ejemplares contra quienes las vulneran.
