Manuel Ranoque fue hallado culpable del delito de abuso sexual contra una de sus hijastras, la mayor de los cuatro hermanos que lograron sobrevivir casi mes y medio en la región del Apaporis
Emma Jaramillo
Casi un año después de que la Policía detuviera a Manuel Ranoque por las acusaciones de haber abusado sexualmente de su hijastra, la mayor de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos en la selva colombiana durante 40 días tras un accidente aéreo en 2023, este lunes un juzgado de la ciudad de Florencia lo condenó por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambos agravados. Aún no se conoce a cuántos años de prisión asciende la pena, que será fijada en otra audiencia. La justicia encontró que Ranoque abusó de la menor de edad desde el año 2020, en un resguardo indígena de Solano, también en el departamento del Caquetá, al sur del país.
La imagen de Ranoque, quien durante las semanas de la búsqueda en 2023 se mostró como un padre preocupado que movía cielo y tierra para que sus hijos fueran encontrados con vida —en una de las selvas más tupidas del planeta—, y quien se refería a las mayores de los cuatro niños como sus propias hijas, pese a que solo era el padre biológico de los dos más pequeños, cambió radicalmente después de que ellos fueran rescatados. Tras el reencuentro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió apartarlo, no le permitió verlos en el Hospital Militar en Bogotá donde fueron atendidos, y asumió la custodia de los menores mientras esclarecía acusaciones que hacían los abuelos maternos, Narciso Mucutuy y María Fátima Valencia. Estos últimos decían que Ranoque no solamente le pegaba a su hija, la madre de los niños que murió en el accidente de avioneta en el que cayeron en medio de la selva, sino que también maltrataba a su nietos y abusaba sexualmente de la mayor de ellos.
Entonces, empezó la batalla por la custodia, y también el choque de relatos: por un lado, Ranoque sostenía que se trataba de una difamación, y argumentaba que él mismo se había adentrado en la selva para ayudar en las labores de rescate, mientras los otros familiares estaban “en la ciudad, en hoteles”. Daba declaraciones a los medios frente al hospital, angustiado porque no le dejaban ver a sus hijos. También contaba con los honores que le daba ser gobernador del resguardo indígena de Puerto Sábalo, del que había huido, víctima de la violencia, tras denunciar amenazas del Frente Carolina Ramírez, uno de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
El 1 de mayo de 2023 su familia abordó una avioneta, que cubría la ruta Araracuara (Caquetá) – San José del Guaviare, con la intención de reencontrarse con él y empezar una nueva vida. La aeronave se desplomó y 16 días después del accidente fue encontrada, con los cadáveres de tres adultos, entre ellos la madre de los niños. Pero los menores —de 4, 9 y 13 años, a cargo de una bebé que cumplió su primer año de vida entre el monte— se habían internado en la selva, y el Ejército y la Guardia Indígena empezaron a seguir su rastro, en un trabajo conjunto que recibió el nombre de ‘Operación Esperanza’.
Tras el rescate, con el paso de las semanas fue cobrando fuerza la versión de los abuelos maternos, mientras el ICBF buscaba proteger a los niños en medio del furor mediático, y el Gobierno creaba un fideicomiso para gestionar el dinero que pudieran recibir por contar su historia, a raíz de las ofertas que empezaron a llegar de productoras de todo el mundo. Entonces, se rumoró que la dificultad para encontrar a los niños en la selva se debió precisamente a que ellos no querían ser hallados, bien porque temían las represalias de su padre o porque no querían quedar bajo su custodia. En un comunicado emitido el 18 de junio, el ICBF informó que, tras un proceso de acompañamiento psicosocial, nutricional y pedagógico, los niños fueron reintegrados a su familia, sin especificar bien en qué lugar o con qué miembros del núcleo familiar.
