José Luis Jara
La mañana del miércoles, los vecinos del fraccionamiento Sacramento Residencial fueron sorprendidos por una acción que describen como “un golpe trapero” urdido entre autoridades municipales y un particular: Trabajadores con equipo ingresaron a un terreno que, desde hace años, los residentes reclaman como área verde y que actualmente se encuentra en litigio ante un juzgado civil.
Desde la fundación del fraccionamiento, los colonos han sostenido una misma exigencia: que se respete el derecho a un espacio común, un área verde que la constructora original estaba obligada a entregar como parte del desarrollo urbano. Esa superficie —de aproximadamente dos mil metros cuadrados— fue, sin embargo, vendida hace décadas por el entonces alcalde de Hermosillo, Cuauhtémoc Balderrama, por la irrisoria cantidad de 15 mil pesos. Fue una transacción que hoy, a la luz de la ley y del juicio vigente, se señala como irregular.
Lo que parecía un reclamo vecinal más, se ha convertido en una batalla legal. Los residentes, lejos de desistir, conformaron una asociación civil para defender su derecho a ese terreno. Interpusieron un juicio ordinario civil declarativo de propiedad por prescripción positiva, bajo el expediente 305/2024, actualmente en manos del juez Manuel Colunga Rodríguez del Juzgado Primero de lo Civil. En el expediente, engrosado por documentos, se incluyen títulos de propiedad, datos registrales, el acta constitutiva de la asociación y otros elementos que refuerzan su argumento legal.
Pero este miércoles, mientras representantes de los vecinos eran convocados a una reunión en Palacio Municipal, un particular —uno de los compradores de los 23 lotes en los que fue fraccionada el área verde— intentó iniciar trabajos en el predio, pese a que el mismo se encuentra en litigio. Los vecinos no dudan en calificarlo de estrategia deliberada: mientras ellos estaban ocupados dialogando con el gobierno, se aprovechaba el momento para avanzar sobre el terreno.
La indignación creció al comprobar que el Ayuntamiento ya ha sido notificado formalmente del juicio y que la Sindicatura Municipal, como representante legal del municipio, ha emitido una respuesta al respecto. Es decir, las autoridades estaban plenamente enteradas de que el predio estaba judicializado.
En fotografías difundidas por los mismos vecinos, se exhiben partes del expediente judicial, donde se mencionan a los supuestos compradores de los lotes, con apellidos como Astiazarán, Noriega y Aguilar. El terreno, en lugar de cumplir su función social como área verde, fue dividido y vendido en 23 partes. Y sin embargo, pese al juicio en curso, se pretende construir sobre él.
La comunidad del Sacramento Residencial, encabezada por su asociación legalmente registrada ante el ICRESON, ha decidido no bajar los brazos. Anunciaron que interpondrán un amparo para evitar que avance cualquier obra mientras el juicio sigue su curso. “No pedimos regalos, pedimos respeto a la ley y a nuestro derecho como vecinos”, expresó uno de los representantes, con evidente molestia.
La historia aún se escribe. Por ahora, el Sacramento Residencial no sólo es símbolo de una zona en crecimiento, sino también de una lucha vecinal que expone con claridad cómo decisiones políticas del pasado —y omisiones del presente— siguen cobrando factura en lo cotidiano.
Porque donde debía crecer un jardín para la comunidad, florece hoy un litigio por la dignidad.
