Los anuncios y logros más espectaculares del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido en materia de seguridad. Un énfasis que no es gratuito. Es la estrategia que mayor beneficio arroja en varios frentes y las recientes reformas e iniciativas legales no hacen sino confirmar la importancia que tiene para la 4T.
Primero, con relación a Washington. La mejor defensa contra las muchas ganas que tienen los halcones que rodean a Trump para meter mano en México, es quitarles el argumento de que el gobierno es incapaz de hacer frente al crimen organizado. En ese sentido, resultan urgentes e indispensables estos impactos mediáticos que el secretario de Seguridad Pública realiza semana a semana. Han sido reconocidos incluso por sectores conservadores.
Adicionalmente, le ofrecen a Sheinbaum la única carta fuerte de negociación que en realidad tiene frente a Trump. En materia económica carecemos de esta posibilidad porque buena parte de las exigencias de la Casa Blanca son dañinas para México (disminuir el déficit comercial, aceptar tarifas arancelarias, etc.). Las presiones en materia migratoria tampoco son fáciles de tramitar para el gobierno mexicano porque endurecer la frontera sur, aceptar expulsados de otras naciones o incordiar migrantes en tránsito en la frontera norte son acciones que tienen un alto costo político y de imagen, por no hablar de lo antagónicas que resultan a las posturas de un gobierno popular. Así, pues el único renglón en el que empatan las agendas de Trump y de Sheinbaum es en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas.
El combate a la violencia ofrece, también, enormes réditos en materia de política interna. No es casual que la prensa crítica haya considerado a la inseguridad como el flanco más vulnerable del gobierno de la 4T. Portadas de diarios y noticieros de radio y televisión la han convertido en el caballito de batalla prácticamente de todos los días. Para el gobierno, volcarse en esa dirección y estar en condiciones de mostrar resultados tiene un impacto político obvio: en el corto plazo, mediante el anuncio de aprehensiones espectaculares; a mediano plazo, por la exhibición palpable de estadísticas que den cuenta de un cambio sustantivo. Si bien los números no tienen que ofrecer la espectacularidad de los que presenta Bukele en El Salvador, caminar en esa dirección (y sin el estigma represivo del que se acusa al centroamericano) es obvio que ofrece una alta legitimidad política.
En ese sentido, la 4T apuesta también al largo plazo. La inseguridad es el único punto políticamente vulnerable para efectos electorales. La oposición está tan desdibujada que nos se ve cómo podría quitarle el voto de las mayorías a Morena. El único factor suelto es la emergencia de un jilguero carismático, como ha sucedido en otros países, capaz de explotar el miedo y la exasperación de tantos mexicanos por la violencia vigente. Ofrecer resultados convincentes es la mejor manera de desmontar esa posibilidad, que lo haga alguien con la imagen de Omar García Harfuch, es también una vacuna contra cualquier rival que surja de este flanco mediático.
El combate a la inseguridad no solo es la mejor carta de negociación con Estados Unidos y una estrategia de política interna clave para la legitimidad. Es también fundamental para la gobernabilidad y el ejercicio de la administración pública. ¿Por qué? Porque constituye el mejor argumento, si se quiere ver así, para justificar cambios sustanciales en los alcances y las posibilidades del gobierno en materia financiera, de inteligencia y vigilancia, de supervisión de redes sociales y espacios públicos. Merecería otra columna la discusión necesaria sobre los pros y contras que supone darle herramientas al Estado en esta materia. Nadie quiere un Hermano Mayor que controle a los ciudadanos, pero también es cierto que el gobierno mexicano carece de muchos instrumentos con los que cuentan la mayor parte de los gobiernos del llamado Primer Mundo. No hay manera de erradicar el cáncer de la corrupción y el enorme poder del crimen organizado sin algunas de estas herramientas de acceso y supervisión. No podemos cerrarnos a esta discusión y pretender que se combata a los cárteles, por ejemplo, sin entender que el seguimiento de flujos financieros o la identificación de sospechosos exigen facultades con las que no contaba el Estado mexicano. El planteamiento, pues, no puede ser en blanco y negro, todo o nada, sino a partir de la discusión puntual de la necesidad, y los riesgos, de cada medida. En todo caso, no puede pasarse en automático de la queja por el “abrazos no balazos” a la acusación de que ahora el régimen es un “Estado espía”.
Y finalmente, hay también un importante efecto económico en las medidas en contra de la inseguridad pública. No solo porque una eventual disminución de la corrupción y de la violencia así sea parcial, supondría una mejoría en la economía de las empresas y del gobierno. De entrada, el impacto en la recaudación fiscal es obvio. Haber elegido como punta de lanza de esta estrategia el combate al huachicol es sintomático. Entre otras cosas constituye la manera más rápida de producir un efecto importante en la economía de Pemex. El boquete cercano a 25 por ciento (aunque otras estimaciones son aún más altas) del consumo de gasolinas “ilegales” es una sangría que pondría de rodillas a cualquier empresa. Por no hablar de que el combate al contrabando de gasolinas ofrece la mejor de las razones para hacer una limpia completa en el sistema de aduanas.
En suma, el gobierno de Claudia Sheinbaum está intentando un replanteamiento del Estado mexicano al mismo tiempo que la reactivación económica del país. Pero muchas de las variables, sobre todo por el contexto económico, escapan a su control. Son áreas en las que el avance será lento y difícil. Por ello es que el combate a la inseguridad pública ha adquirido una centralidad estratégica. A la postre podría convertirse en el principal legado de Sheinbaum, el momento en que se dio por fin un punto de inflexión en esta materia. Quizá. Por lo pronto los réditos de esta estrategia están a la vista. Eso explica el enorme esfuerzo económico, legislativo y político que hace la 4T en este campo. Un tema mucho más complejo que un mero impulso autoritario, como afirma la oposición.
